Anticorrupción pide imputar a Aguirre por reducir las camas del Hospital Puerta de Hierro
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido al juez que la que Esperanza Aguirre, sea imputada por prevaricación y malversación en la causa que se sigue en el Juzgado de Instrucción número 53 de Madrid por la reducción de 135 camas en el Hospital Puerta de Hierro.
Esa reducción se habría realizado sin procedimiento administrativo, por lo que habría causado un quebranto económico al erario público superior a los 10 millones de euros.
También solicitan la imputación del ex consejero Juan José Güemes y de otros altos cargos.
Fue en diciembre de 2020 cuando la Fiscalía Anticorrupción presentó una querella contra Elena De Mingo, la que fuera directora general de Planificación, Infraestructuras y Equipamientos Sanitarios, órgano adscrito a la Consejería de Sanidad, entre abril de 2008 y julio de 2011, por presuntas irregularidades en las obras de adjudicaciones del Hospital Puerta de Hierro.
Las diligencias revelaron la existencia de indicios que permiten concluir «que prescindiendo del más mínimo procedimiento administrativo de modificación de contratos previsto en la legislación vigente y en el pliego de cláusulas administrativas, se modificó de facto el contrato de concesión de obra pública para la redacción del proyecto, construcción y explotación del Hospital Puerta de Hierro de Majadahonda adjudicado por el consejero de Sanidad y Consumo de la Comunidad de Madrid mediante Orden de 18 de marzo de 2005, a la agrupación de empresas formada por Dragados S. A., Bovis Lend Lease, S.A. y SUFI, S. A., que constituyeron la mercantil Hospital Majadahonda, S.A.
Como sustento habilitante justificativo de dicho acuerdo se invocó la resolución de 5 de mayo de 2008 de idéntica Dirección General dictada a requerimiento de «la presidenta de la Comunidad de Madrid en la fecha de los hechos, resolución que, tal y como se ha comprobado a través de los oportunos requerimientos efectuados por el Ministerio Fiscal a la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid, no existió».
Según el fiscal, sin perjuicio de la ilegalidad radical de la reducción de las 135 camas hospitalarias llevada a efecto eludiendo cualquier procedimiento administrativo, «se debió de haber reestablecido el equilibrio económico del contrato de concesión a favor de la Administración a través del oportuno modificado, con el objeto de evitar el impacto negativo en los caudales públicos».
Sin embargo, según precisó la Fiscalía en diciembre de 2020, no existía «una resolución firme a través de la cual dicho restablecimiento se haya llevado a efecto, con lo cual la Administración ha abonado mayores costes por servicios nunca prestados, produciéndose el correspondiente menoscabo a los caudales públicos de la Comunidad Autónoma, en una cantidad superior a los 10 millones de euros».
Una imputación más para Aguirre
Con esta ya son dos las causas en las que el nombre de Esperanza Aguirre aparece, porque consta como imputada en la pieza 9 del ‘caso Púnica, relativa a la financiación irregular del PP madrileño.
Aguirre figura como imputada en esta pieza desde septiembre de 2019, cuando el juez emitió un auto en el que dijo apreciar indicios racionales de que sería quien ideó la búsqueda de recursos, que financiaran las campañas que ella misma seleccionaba, y la supervisora última de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impulsó con dicha finalidad.
«Las campañas iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura política y consolidarla como presidenta de la Comunidad», indicó.
Anticorrupción pide imputar a Aguirre por reducir las camas del Hospital Puerta de Hierro
