Borrell y 500 exdirigentes europeos reclaman a la UE suspender el acuerdo comercial con Israel
Un grupo formado por alrededor de 500 antiguos responsables políticos, diplomáticos y funcionarios europeos reclama a la Unión Europea que suspenda las disposiciones comerciales de su Acuerdo de Asociación con Israel ante la expansión de los asentamientos israelíes en Cisjordania.
Entre los firmantes de la declaración se encuentra el exalto representante de la UE para Asuntos Exteriores Josep Borrell, junto a antiguos primeros ministros, ministros de Exteriores y otros altos cargos de distintos países europeos.
Críticas a la respuesta de la Unión Europea
Los firmantes cuestionan la respuesta de las instituciones comunitarias ante los planes de Israel para desarrollar nuevos asentamientos en la denominada Zona E1, situada al este de Jerusalén. Según advierten, la ejecución de este proyecto podría dividir territorialmente Cisjordania y dificultar todavía más la creación de un futuro Estado palestino.
En su declaración, publicada por el diario francés Libération, los antiguos responsables europeos sostienen que la UE debería adoptar medidas para responder a lo que consideran vulneraciones del Derecho Internacional.
Por este motivo, reclaman la suspensión de las disposiciones comerciales del Acuerdo de Asociación entre la UE e Israel, vigente desde el año 2000 y que establece un marco de libre comercio en diferentes sectores, entre ellos la industria y la agricultura.
Entre los firmantes está Josep Borrell
La iniciativa cuenta con el respaldo de numerosas figuras políticas europeas. Además de Borrell, aparecen entre los firmantes los antiguos primeros ministros franceses Dominique de Villepin y Alain Juppé, el exjefe del Gobierno italiano Massimo D’Alema, el antiguo primer ministro belga Yves Leterme y el ex primer ministro sueco Stefan Löfven.
También suscribe la declaración el expresidente del Parlamento Europeo Enrique Barón.
Los firmantes piden que las instituciones comunitarias actúen con rapidez y sitúan como una posible fecha de actuación la próxima reunión de los ministros de Asuntos Exteriores de la UE, prevista para el 12 de octubre.
Reclaman medidas contra el proyecto E1
La declaración también reclama actuaciones dirigidas contra las entidades que puedan participar en el desarrollo del proyecto de asentamientos. Los firmantes sostienen que próximamente podrían adjudicarse los contratos correspondientes a su primera fase, que contempla más de 1.200 viviendas en la Zona E1.
En este contexto, instan a la Comisión Europea a presentar propuestas para establecer medidas contra instituciones financieras y proveedores de servicios vinculados al proyecto E1, además de impedir que desde la UE se facilite comercio relacionado con asentamientos que consideren contrarios al Derecho Internacional.
La apertura de la licitación del proyecto fue aplazada durante un mes por decisión del poder judicial israelí el pasado 27 de septiembre, con el objetivo de evitar que el proceso interfiriera en las elecciones legislativas previstas para finales de octubre.
Doce países europeos ya han reclamado restricciones
La presión sobre las instituciones europeas se produce después de que doce países europeos condenaran el proyecto E1 en una declaración conjunta publicada el 8 de septiembre.
España, Francia, Reino Unido, Canadá, Dinamarca, Finlandia, Irlanda, Islandia, Noruega, Polonia, Portugal y Suecia expresaron su intención de adoptar o respaldar restricciones comerciales relacionadas con los asentamientos. Algunos países, entre ellos España, Irlanda y Países Bajos, ya habían puesto en marcha medidas nacionales.
Los antiguos responsables europeos consideran, sin embargo, que la respuesta comunitaria sigue siendo insuficiente. En particular, señalan a Alemania e Italia por su posición contraria a determinadas medidas europeas, según recoge la declaración.
El acuerdo UE-Israel y los derechos humanos
Otro de los argumentos utilizados por los firmantes se refiere al propio Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea e Israel. Su artículo 2 establece el respeto a los derechos humanos y a los principios democráticos como elementos fundamentales de las relaciones entre ambas partes.
La declaración sostiene que la expansión de los asentamientos y la apropiación de territorio palestino plantean dudas sobre el cumplimiento de esos principios y reclaman que la UE utilice las herramientas de las que dispone para responder a la situación.
Según los datos recogidos en la información, alrededor de 700.000 colonos israelíes viven actualmente en Cisjordania, en asentamientos que presentan diferentes consideraciones jurídicas dentro de Israel.
El Derecho Internacional considera ilegales los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados, y el Estatuto de Roma contempla como crimen de guerra la transferencia de población civil de una potencia ocupante al territorio ocupado.
