Glovo, cada vez más cerca del banquillo: la Fiscalía pide llevar a juicio a Óscar Pierre por su modelo laboral
La Fiscalía Provincial de Barcelona ha dado un nuevo paso para que Óscar Pierre, fundador y máximo responsable de Glovo, se siente en el banquillo por un presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El Ministerio Público considera que existen indicios suficientes para que la causa avance hacia un juicio, en un procedimiento que gira alrededor del modelo laboral utilizado durante años por la plataforma y de la utilización de repartidores como trabajadores autónomos pese a la existencia de resoluciones judiciales y de la denominada Ley Rider.
El caso vuelve a poner sobre la mesa una cuestión que afecta mucho más allá del sector del reparto: hasta dónde pueden llegar las grandes plataformas digitales cuando sus modelos de negocio chocan con las normas laborales y con los derechos de quienes trabajan para ellas.
La Fiscalía quiere que Óscar Pierre se siente ante un tribunal
La petición de la Fiscalía supone un importante avance en el procedimiento abierto en Barcelona. El Ministerio Público considera que la investigación ha permitido reunir elementos suficientes para continuar adelante y plantea que se dé por finalizada la fase de instrucción para avanzar hacia la celebración del juicio.
La decisión definitiva todavía corresponde al órgano judicial. La petición de la Fiscalía no equivale a una condena, pero sí supone que el Ministerio Público considera que existen fundamentos para que los hechos sean examinados en un juicio.
El conflicto: los repartidores y los llamados falsos autónomos
El origen de la causa está en el modelo que Glovo utilizó durante años para relacionarse con sus repartidores. La empresa defendió que estos trabajadores podían operar como autónomos, mientras que la Inspección de Trabajo y los tribunales consideraron que existían elementos propios de una relación laboral.
La conocida como Ley Rider estableció precisamente que los repartidores que trabajan para plataformas digitales bajo determinadas condiciones deben ser considerados trabajadores asalariados.
La controversia judicial se centra en si la dirección de Glovo mantuvo aquel modelo pese a conocer las obligaciones derivadas de la legislación y de las resoluciones judiciales.
Glovo terminó cambiando de modelo
Uno de los elementos que resulta especialmente llamativo es que Glovo acabó anunciando el abandono del sistema de repartidores autónomos y comunicó que pasaría a contratar laboralmente a estos trabajadores.
El cambio llegó después de años de enfrentamiento con la Administración, la Inspección de Trabajo, los sindicatos y los tribunales.
Óscar Pierre ha defendido que el modelo utilizado por Glovo era legal y que la posterior modificación de la estructura laboral no supone reconocer que anteriormente se hubiera cometido ninguna irregularidad.
Sin embargo, la Fiscalía mantiene abierta la acusación y considera que los hechos merecen ser examinados en sede judicial.
Élite Taxi también decidió plantar cara a Glovo
La causa no ha pasado desapercibida para el sector del taxi. En diciembre de 2024, Élite Taxi decidió personarse en el procedimiento como acusación popular, después de que sus socios respaldaran la iniciativa.
La organización del taxi barcelonés entendió que el caso tenía una relación directa con el modelo de negocio de las grandes plataformas digitales y con la forma en la que estas empresas han irrumpido en diferentes sectores del transporte y los servicios.
Desde Élite Taxi se ha denunciado reiteradamente que determinadas plataformas pretenden presentarse como simples intermediarias tecnológicas cuando en realidad organizan, condicionan y controlan buena parte de la actividad que desarrollan quienes trabajan bajo sus aplicaciones.
Para el taxi, el caso Glovo representa además un ejemplo de una discusión que el sector lleva años manteniendo: las nuevas tecnologías no pueden convertirse en una excusa para eliminar derechos laborales ni para crear modelos de competencia basados en saltarse las mismas reglas que deben cumplir los trabajadores y empresas tradicionales.
¿Una plataforma tecnológica o una empresa que organiza el trabajo?
Uno de los grandes debates que han generado las plataformas digitales es precisamente su definición. Durante años, muchas compañías han intentado presentarse fundamentalmente como empresas tecnológicas que conectan usuarios y trabajadores.
El problema aparece cuando, detrás de esa etiqueta, existe una estructura empresarial que establece las condiciones del servicio, determina tarifas o remuneraciones, asigna trabajos y utiliza algoritmos para organizar la actividad.
La discusión sobre Glovo pone nuevamente este modelo bajo el foco judicial.
El problema va más allá de Glovo
Lo ocurrido con los repartidores también sirve para analizar lo que está sucediendo en otros sectores afectados por la expansión de las plataformas digitales.
Desde el taxi se ha denunciado durante años que algunas multinacionales pretenden utilizar la tecnología como argumento para desregular actividades sometidas a normas específicas, trasladando determinados costes y riesgos a los trabajadores mientras la plataforma conserva una posición dominante sobre el servicio.
El caso Glovo demuestra que estas estrategias pueden terminar teniendo consecuencias judiciales cuando las empresas traspasan los límites establecidos por la legislación.
La justicia tendrá ahora que decidir
La pelota está ahora en el tejado de los tribunales. Será el juzgado encargado de la instrucción quien deberá determinar si procede enviar el procedimiento a juicio o adoptar otra decisión.
Mientras tanto, la Fiscalía mantiene su posición y considera que existen elementos suficientes para que Óscar Pierre responda ante un tribunal por el presunto delito contra los derechos de los trabajadores.
El caso constituye, además, un precedente especialmente relevante para el futuro de la llamada economía de plataformas. Porque detrás de una aplicación móvil, de un algoritmo y de una marca tecnológica siguen existiendo trabajadores, derechos laborales y obligaciones empresariales.
Y esa es precisamente la cuestión que ahora deberá resolver la justicia: si una plataforma puede beneficiarse de un modelo de negocio mientras deja en segundo plano las obligaciones que la legislación impone a cualquier empresa.
Una batalla que el taxi conoce demasiado bien
El sector del taxi lleva años denunciando que las plataformas digitales intentan competir utilizando una estrategia similar: presentarse como simples intermediarias mientras buscan modificar las reglas tradicionales del transporte.
Por eso, para organizaciones como Élite Taxi, el procedimiento contra el fundador de Glovo no es una cuestión aislada. Forma parte de una batalla más amplia por determinar si la innovación debe servir para mejorar los servicios y las condiciones de los trabajadores o para construir modelos empresariales que intenten esquivar las obligaciones existentes.
Ahora será la justicia quien tenga que determinar las posibles responsabilidades penales en el caso de Glovo. Pero el mensaje que deja este procedimiento resulta claro: ninguna plataforma debería estar por encima de la ley simplemente porque su negocio funcione a través de una aplicación.
