Varias abogadas denuncian violencia sexual por parte de la Guardia Civil
Ocho abogados de la izquierda abertzale acusados de hacer de enlace entre ETA y los presos vascos son juzgados en la Audiencia Nacional.
Acusados de constituir el «frente jurídico de ETA», fueron detenidos hace 11 años por orden del hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, que en aquel momento era juez.
Dos de las acusadas han asegurado en sus declaraciones que habían incriminado a sus compañeros debido a las torturas a las que las había sometido la Guardia Civil.
Naia Zuriarrain explicó que fue trasladada a Madrid en un coche sin distintivos y durante el camino la amenazaron con que el trato cambiaría en cuanto llegaran a la capital y que «lo pasaría mal».
Según relató, le pusieron una bolsa de plástico en la cabeza simulando el ahogamiento hasta el punto que accedió a hablar y, desde ese momento, tuvo que «aprenderse de memoria» todo lo que le preguntarían.
Su testimonio queda recogido en este Tweet de Arnaldo Otegi.
Escucharla bien. Esta es la calidad democrática del Régimen del 78. pic.twitter.com/t4u62J0edI
— Arnaldo Otegi 🔻 (@ArnaldoOtegi) July 13, 2021
Anteriormente ya habían denunciado estos malos tratos, que incluyen también violencia sexual, como ha relatado Naia Zuriarrain:
«Me empezaron a tocar, me tocaron los pechos, todo el cuerpo, un guardia civil que estaba detrás se pegó a mí y me enganchó los genitales por detrás. Hacían comentarios de índole sexual, humillante e insultándome».
Por su parte, Saioa Agirre ha relatado como un agente de la Guardia Civil la amenazó durante el viaje a Madrid diciéndole que lo mínimo que le harían sería «tenerla cinco días desnuda». Una vez en la capital asegura que la pegaron en sus partes, también en la cabeza, la desnudaron y la dejaron sin ropa durante casi todo el interrogatorio:
«Un Guardia Civil se acercó a mi oído y me preguntó si quería ser madre. Le respondí que sí y me dijo ‘Pues prepárate porque no lo serás, comienzan los interrogatorios».
Ha relatado que durante los interrogatorios le hicieron tocamientos:
«Me hacían hacer sentadillas y mientras tanto me pellizcaba los pezones, me tocaron la vagina dos veces. Yo hacía flexiones y me ponían el humo de su cigarrillo dentro de la bolsa que llevaba en la cabeza y no podía respirar».
Entre los procesados hay letrados destacados e históricos como Arantza Zulueta, que ya fue juzgada y cumplió condena por la misma razón, por integración en el llamado «frente de las cárceles».
Un juicio «sin sentido»
Desde la abogacía vasca se ha calificado de «sin sentido» este macrojuicio contra el llamado «frente judicial de ETA». También partidos vascos, como el PNV, Elkarrekin Podemos y EHBildu, consideran un anacronismo hacer un juicio cuando hace casi 10 años del final de la actividad de ETA.
En las capitales vascas se han hecho manifestaciones de rechazo al juicio.
Grande-Marlaska, condenado por no investigar torturas
El juez instructor de la causa, hace 11 años, fue el que ahora es el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, uno de los que Pedro Sánchez ha mantenido tras la remodelación de su gobierno esta semana.
Siete de las diez condenas en España del Tribunal Europeo de Derechos Humanos por no haber investigado torturas son contra Fernando Grande-Marlaska.
El gobierno obstaculiza las investigaciones
Más allá de los testigos de este juicio, organizaciones de defensa de los derechos humanos han documentado durante décadas casos de tortura y otros malos tratos en España y en concreto en el País Vasco, dentro del contexto de la lucha antiterrorista.
Amnistía Internacional ha denunciado que el Estado español no deja que se investiguen los delitos de tortura y maltrato:
«Cuando el País Vasco o Navarra han adoptado iniciativas a favor del reconocimiento y reparación de las víctimas de tortura y maltrato, el Gobierno las ha obstaculizado, sin proponer medidas alternativas que visibilicen y avancen en la reparación de las víctimas. De este modo, Amnistía cree que se contribuye a consolidar la impunidad ante estas violaciones de derechos humanos en España».
Amnistía Internacional, el Comité contra la Tortura de Naciones Unidas y el Comité para la Prevención de la Tortura del Consejo de Europa han recogido casos de torturas cometidas por miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado en dependencias policiales.
Varias abogadas denuncian violencia sexual por parte de la Guardia Civil
