Una jueza ordena retirar libros LGTBI de los institutos públicos de Castellón

Una jueza ordena retirar libros LGTBI de los institutos públicos de Castellón

Una juez de Castellón ha ordenado la retirada cautelar de 32 libros de temática LGBTI en 11 institutos públicos de Castellón, atendiendo a la petición de la asociación ultraconservadora Abogados Cristianos.

Se trataba de una iniciativa del Ayuntamiento de Castellón, que ya ha entregado los lotes de libros a los centros educativos para que las bibliotecas tengan material de temática LGTBI.

La magistrada Carola Soria Piquer del juzgado de lo contencioso administrativo número 1 de Castellón aprecia «las circunstancias de especial urgencia » cuando ordena que se retiren los ejemplares.

Soria ha estimado conveniente admitir el recurso para ‘secuestrar’ varios lotes de libros de temática LGTBI destinados por el Ayuntamiento de Castellón en los centros docentes de la ciudad.

La concejala de Cultura, Feminismo y LGTBI en el Ayuntamiento de Castellón, Verónica Ruiz, ha hecho pública la lista de los libros, que habían pedido algunos usuarios a través de Twitter.

Desde la Concejalía de Cultura, Feminismo y LGTBI han defendido que los libros han sido «comprados bajo criterio técnico» y que regalarlos a los centros educativos» contribuye a la inclusión y el respeto a la diversidad, fomenta la tolerancia y da herramientas al profesorado para trabajar con las diferentes sensibilidades».

La misma juez consintió contra criterio médico una pseudoterapia para la Covid

Algo similar ocurrió con la última y polémica cautelarísima que dictó la magistrada. Carola Soria Piquer, en un auto del 13 de agosto pasado, estimó la medida solicitada por la familia de un paciente ingresado por Covid-19 en el Hospital de la Plana para que fuera tratado con ozonoterapia en contra del criterio médico e incluso a la Consejería de Sanidad, que amenazó con denunciar a la familia del paciente.

Apenas dos semanas más tarde, otro juez levantaba la medida cautelar. Durante este tiempo, la comunidad médica interpretó la decisión de la magistrada como una especie de injerencia en el terreno científico. Los facultativos y especialistas alertaron que la resolución suponía una puerta de entrada a las pseudoterapias en el sistema de salud público.

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