Un juzgado solicita tipificar la ‘violencia económica’ como violencia de género
A raíz de un juicio por impago de pensión alimenticia en un procedimiento de divorcio, la magistrada considera que en el caso concreto que ella resuelve en sentencia, en la que condena a 11 meses de prisión por un delito de abandono de familia, en su modalidad de impago de pensiones, además de una indemnización de 7.375 euros, correspondientes a los períodos de pensiones impagadas entre septiembre de 2014 y julio de 2019.
«Los hechos enjuiciados tienen además un contexto específico de violencia de género que no puede pasarnos desapercibido a la hora de realizar una valoración de la prueba”.
Se trata de un caso donde el demandado ha sido condenado hasta dos veces por delitos relacionados con el procedimiento de violencia sobre la mujer. Es por ello que la magistrada considera que:
«Existiendo este contexto de violencia sobre la mujer, y existiendo en el núcleo familiar dos menores se tramitó sin embargo el procedimiento de familia con la pátina de un ‘divorcio de mutuo acuerdo’, que supone procesalmente un acuerdo de voluntades de ambas partes para la regulación de los aspectos personales y patrimoniales derivados de la crisis familiar, incluido el establecimiento de una pensión alimenticia y un régimen de visitas, que obligaba a XXX a contribuir y a corresponsabilizarse junto a la madre –respectivamente- con el sostenimiento y cuidado de su hija menor XXX.(…)»
El rastro de violencia de género que sí existía determina una situación “asimétrica” entre las partes que cuestiona la verdadera posibilidad negociadora que realmente pudo tener la Sra. XXX a la hora de acordar con el sr.XXX un convenio regulador, que invisibilizó por completo un contexto de violencia por la sola razón de tramitarse como un divorcio de “mutuo acuerdo”.
Por este motivo, la magistrada plantea en la sentencia, en una exposición razonada al Gobierno de España, la propuesta de regulación dentro del Código Penal de la «violencia económica» como una modalidad dentro de la violencia de género, y solicita el establecimiento de cláusulas de responsabilidad civil que permitan una reparación integral del daño causado a las víctimas.
Un juzgado solicita tipificar la ‘violencia económica’ como violencia de género
