Uber evita pagar la mayoría de los 23 millones en multas por usar falsos autónomos
“Uber no nos va a tomar el pelo”, advirtió la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, durante la presentación del nuevo plan estratégico de la Inspección de Trabajo. La líder de Sumar anunció una nueva ofensiva para comprobar si los repartidores de la plataforma continúan actuando como falsos autónomos, una práctica que la ley prohíbe desde la aprobación de la ‘ley Rider’.
Pese a la intensificación de controles, Uber ya ha sido sancionada con millones de euros por parte de la Inspección, aunque ha logrado eludir la mayoría de los pagos gracias a las decisiones judiciales favorables.
Más de 23 millones en sanciones impuestas
Según datos recopilados por El Periódico, Uber acumula al menos 23,2 millones de euros en multas por cuotas impagadas a la Seguridad Social y otras infracciones laborales. Sin embargo, los tribunales han suavizado la factura, al considerar que no existía dolo en las actuaciones de la empresa.
La Audiencia Nacional ha dictaminado que sí hubo falsos autónomos en la etapa previa a la ley Rider, pero no sanciona económicamente a la multinacional al entender que, en ese momento, el marco legal era jurídicamente controvertido. Como resultado, de los más de 23 millones reclamados, Uber solo deberá abonar 3,46 millones de euros.
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Sin dolo, pero con irregularidades
Los jueces argumentan que los inspectores de Trabajo actuaron con excesiva severidad y sin base jurídica clara al imponer sanciones tan elevadas. No obstante, el reconocimiento judicial de que los repartidores eran falsos autónomos abre la puerta a futuras sanciones, especialmente si se demuestra que Uber reincide tras la entrada en vigor de la ley.
En contraste, la compañía sí fue multada por obstruir una investigación en Burgos, donde negó información sobre las horas de trabajo de sus repartidores.
Un sector en constante revisión
El proceso sancionador en este tipo de casos avanza lentamente, como ya ocurrió con Glovo, cuya primera multa por incumplir la ley Rider no se conoció hasta enero de 2024, pese a que la norma entró en vigor en 2021. Si se repiten esos plazos, las sanciones firmes contra Uber Eats podrían tardar años en concretarse.
Actualmente, Uber trabaja con flotas mixtas, combinando repartidores asalariados de empresas colaboradoras y riders autónomos que, según la firma, pueden fijar sus propias tarifas y horarios. Sin embargo, para el Gobierno, este modelo continúa fuera de la legalidad.
“En España las leyes se cumplen”, enfatizó Yolanda Díaz, dejando claro que la Inspección de Trabajo seguirá vigilando de cerca a la multinacional.
