El juzgado mercantil desoye al Supremo y respalda a Glovo en una sentencia cargada de ideología
El Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona ha decidido rechazar la demanda interpuesta por Just Eat contra Glovo por presunta competencia desleal. La sentencia, lejos de limitarse a los hechos, ignora abiertamente los principios marcados por el Ministerio de Trabajo y pasa por alto la jurisprudencia consolidada del Tribunal Supremo, que ya había determinado que los ‘riders’ eran falsos autónomos.
Un fallo que contradice la jurisprudencia y desautoriza a la Inspección de Trabajo
Más allá del fallo en sí, lo preocupante es el contenido ideológico de la sentencia. El juez no solo absuelve a Glovo, sino que arremete con dureza contra la Inspección de Trabajo y el propio Gobierno de España. En un tono que desborda la imparcialidad exigida a un magistrado, llega incluso a elogiar el modelo de negocio de Glovo, afirmando que “se ha adaptado a un entorno legal incierto” y que fue “comprensible” que no siguiera “de forma sumisa” las directrices del organismo laboral.
Glovo, premiada por operar «al límite de la legalidad»
En una declaración que roza lo alarmante, el juez sostiene que Glovo actuó probablemente “al límite de la legalidad”, pero que eso “merece un reconocimiento”. Este tipo de afirmaciones resultan inadmisibles, especialmente viniendo de un juez que debería proteger los derechos de los trabajadores y no aplaudir a las empresas que se aprovechan de los vacíos legales.
La defensa del algoritmo y el desprecio a los controles administrativos
El magistrado también defiende el uso del algoritmo de Glovo, el cual asigna pedidos en función del rendimiento de los repartidores, algo que múltiples organismos han considerado una forma de control laboral encubierto. No obstante, el juez desprecia estas acusaciones tachándolas de “profundamente sesgadas” y sugiere que provienen de quienes desean “un mundo excesivamente regulado”.
Un ataque ideológico contra el sindicalismo y la historia laboral del país
El tono de la sentencia alcanza niveles preocupantes cuando el juez arremete contra el sindicalismo y la historia laboral española. En su escrito, realiza alusiones a la Segunda República y a la Guerra Civil, deslizando una visión nostálgica que desacredita décadas de avance en derechos laborales. Se permite incluso calificar el trabajo de las inspectoras que comparecieron como fruto de una “animadversión hacia Glovo”, algo que cuestiona abiertamente su profesionalidad.
El juez ignora la presión institucional sobre Glovo y culpa al Gobierno
En lugar de reconocer el cambio de modelo de Glovo como una victoria de los derechos laborales, el juez lamenta que la empresa se haya visto “forzada por el acoso del Gobierno español” a contratar a sus repartidores. Afirma que el entorno actual penaliza la innovación empresarial, invisibilizando que lo que estaba en juego no era la innovación, sino la explotación laboral sistemática.
Una peligrosa apología del trabajo autónomo forzado
Para cerrar su argumentación, el magistrado lanza una pregunta retórica: “¿Por qué no pueden los trabajadores elegir su estatus?”. Con ello, pretende justificar que muchos ‘riders’ preferirían seguir siendo autónomos, lo cual ignora el carácter precario, inseguro y sin derechos del modelo anterior. Acaba despreciando a los funcionarios públicos que trabajan para garantizar esos derechos, a quienes llama “iluminados y omniscientes burócratas”.
Una sentencia ideológica que desafía la ley y protege la precariedad
Este fallo no solo contraviene lo dictado por el Tribunal Supremo, sino que representa una afrenta directa a la labor del Ministerio de Trabajo. Lejos de proteger el marco legal vigente y los derechos laborales básicos, el juez opta por respaldar a una empresa que ha construido su modelo sobre la explotación y la ambigüedad jurídica. La sentencia no solo es un error judicial; es una declaración de principios contraria al espíritu de justicia social que debería guiar a cualquier magistrado en un Estado de derecho.
