Nueva multa a Glovo de 850.000 euros por emplear a Riders inmigrantes sin papeles
La Subdelegación del Gobierno en Sevilla ha impuesto una sanción económica de 847.640 euros a la empresa Glovo, tras descubrir que contrató a 64 trabajadores extranjeros sin permiso legal para trabajar en España. La infracción, considerada «muy grave» bajo la Ley de Extranjería, fue detectada en una investigación realizada por la Inspección de Trabajo y Seguridad Social (ITSS).
Esta sanción se enmarca en un expediente sancionador cuya resolución fue notificada recientemente y que actualmente se encuentra en fase de recurso.
Empleo en situación irregular y relación laboral encubierta
La investigación reveló que Glovo empleó a repartidores sin autorización de residencia ni trabajo, a pesar de que ejercían tareas bajo su control directo, lo que constituye una relación laboral por cuenta ajena encubierta. Esta práctica contradice múltiples resoluciones judiciales que obligan a reconocer a los riders como trabajadores contratados formalmente, y no como autónomos.
Las infracciones se cometieron entre diciembre de 2021 y julio de 2024, y se concretaron en dos actas: una por 20 trabajadores (210.649,43 €) y otra por 44 (636.990,59 €). Cada infracción ha sido sancionada con 10.001 euros por trabajador, en su grado mínimo.
Glovo mantiene su modelo pese a la Ley Rider
Aunque entró en vigor en 2021 la Ley Rider, que obliga a contratar a los repartidores como asalariados, Glovo ha seguido utilizando el modelo de falsos autónomos. A nivel estatal, la empresa acumula actas de infracción por más de 39.000 riders que trabajaron sin alta en la Seguridad Social.
En este caso, además de la falta de contrato, se suma el hecho de que muchos de los trabajadores estaban en situación administrativa irregular, lo que agrava el caso y eleva la cuantía de la sanción.
Sin permisos y sin derechos
La aplicación Adextra, utilizada por la Inspección, confirmó que ninguno de los 64 repartidores investigados contaba con la autorización necesaria durante el periodo en que trabajaron para Glovo. La empresa, sin embargo, no les proporcionó contrato ni cobertura legal, ni facilitó su alta en el régimen general de la Seguridad Social.
El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano Rodero, no ha querido pronunciarse sobre casos concretos, pero ha afirmado que «el Gobierno está comprometido en combatir la precariedad laboral y la explotación de colectivos vulnerables, como las personas migrantes».
