La Fiscalía cuestiona la actuación de la UCO en la investigación sobre Montoro
La Fiscalía Anticorrupción ha mostrado su descontento con la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil debido a la aparente falta de diligencia en la investigación relacionada con el exministro Cristóbal Montoro. Los agentes asignados para examinar las cuentas bancarias del despacho Equipo Económico, fundado por Montoro y bajo sospecha de usar influencias en Hacienda, no habrían cumplido con su labor de manera adecuada, según la Fiscalía.
Un historial de eficacia frente a otros casos
La UCO ha tenido un papel decisivo en investigaciones de alto perfil, como la condena del fiscal general del Estado, la imputación de exsecretarios del PSOE José Luis Ábalos y Santos Cerdán, así como el proceso contra familiares del presidente del Gobierno. No obstante, en el caso Montoro, su actuación ha sido calificada por la fiscal Carmen García Cerdá como insuficiente para rastrear correctamente el flujo de dinero relacionado con el despacho y sus miembros.
Crítica a la limitación del informe de la UCO
Según García Cerdá, el informe de la Guardia Civil presenta un alcance limitado, señalando que la mayoría de los productos bancarios revisados no fueron considerados relevantes y, por tanto, no se incorporaron al informe principal. La fiscal enfatiza que solo diez de las más de 200 cuentas entregadas fueron analizadas, lo que imposibilita extraer conclusiones fiables.
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Rechazo de la versión de los investigados
La Fiscalía refuta las afirmaciones de las defensas, que aseguraban que Equipo Económico no realizó pagos ni ejerciendo influencia sobre funcionarios. Por el contrario, los documentos tributarios, como el modelo 190, indican pagos a funcionarios vinculados, incluyendo a Miguel Ferré, secretario de Estado con Montoro, y a Santiago Menéndez, exdirector de la Agencia Tributaria, en distintos años de actividad.
Medidas adicionales para asegurar la investigación
Debido a las deficiencias del informe de la UCO, el juez Rubén Rus, del juzgado de instrucción número 2 de Tarragona, ha encargado a la unidad de apoyo de la Fiscalía de la Agencia Tributaria (AEAT) un análisis más completo de las cuentas bancarias. Además, se ha solicitado a los cuerpos policiales involucrados, UCO y Mossos d’Esquadra, que elaboren un informe sobre los datos bancarios considerados relevantes por la Fiscalía.
Defensa del secreto de la causa
La fiscal García Cerdá también justificó los siete años de secreto de la causa, debido a la complejidad de recopilar y analizar correos electrónicos y documentación de Hacienda, la Agencia Tributaria y la Dirección General de Tributos (DGT). Los informes posteriores de los Mossos y la unidad de apoyo de la AEAT confirman la existencia de una organización y pagos realizados por empresas gasistas a Equipo Económico, previos a actuaciones administrativas favorables.
Manipulación de la normativa fiscal
La investigación también evidencia que se elaboró un reglamento de la Ley de Impuestos Especiales a medida de ciertas empresas, eliminando la obligación de acreditar requisitos esenciales para acceder a beneficios fiscales, mediante una reforma legislativa concertada que beneficiaba a estas mercantiles.
