La justicia ratifica el 30% de VPO en nuevas promociones y rehabilitaciones en Barcelona
El Tribunal Supremo ha avalado la normativa que obliga a destinar un 30% de las nuevas promociones o grandes rehabilitaciones a vivienda protegida en Barcelona. La medida, impulsada durante el mandato de Ada Colau y que el actual gobierno municipal encabezado por Jaume Collboni no ha conseguido modificar, recibe así el respaldo definitivo del alto tribunal.
En una sentencia publicada este mes de febrero, el órgano judicial establece que la normativa urbanística municipal puede fijar reservas de techo destinadas a vivienda protegida en suelo urbano consolidado dentro de actuaciones edificatorias, incluidas rehabilitaciones integrales.
Obligación para promotores privados en rehabilitaciones integrales
La resolución judicial confirma que la regulación aprobada por el Ayuntamiento en 2018 permite exigir a los promotores privados la reserva del 30% para Vivienda de Protección Oficial (VPO) cuando se lleven a cabo reformas integrales de edificios ya existentes.
Asimismo, el tribunal determina que los propietarios no pueden oponerse al uso de vivienda protegida previsto por la legislación catalana en este tipo de intervenciones urbanísticas.
Segunda validación judicial de la medida
No es la primera vez que esta normativa supera el escrutinio judicial. En 2022, el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya ya se pronunció a favor de la medida. En aquel momento, la promotora Josel SLU presentó un recurso de casación que ahora ha sido desestimado por el Supremo.
Sin compensación económica para los promotores
El tribunal también descarta que el Ayuntamiento de Barcelona deba indemnizar a las promotoras por la obligación de reservar parte de las promociones a vivienda protegida. Según la sentencia, no procede compensar las posibles pérdidas económicas derivadas de destinar parte de la edificación a VPO en lugar de vivienda de mercado libre.
Además, el fallo subraya que la norma no afecta únicamente a proyectos concretos, sino que será de aplicación a todas las promociones futuras que se sometan a actuaciones edificatorias dentro de su ámbito.
