Solo Pablo Iglesias nombra la precariedad en la campaña electoral

En un estado con 3,18 millones de parados y una tasa de temporalidad del 26,8% -que se dispara al 70% entre los menores de 25 años-, la campaña electoral pasa de puntillas por el debate de la precariedad.

Y eso que ha sido habitual estos días sentir los líderes políticos afirmar que quien paga el bloqueo son los trabajadores y que sin un gobierno efectivo no se pueden llevar a cabo medidas profundas para combatir la precariedad laboral y el paro en España.

Sin embargo, el debate no ha estado en el foco.

«Se ha hablado mucho de Catalunya, mucho más que de los problemas reales que tenemos en toda España», lamenta María Trinidad Jiménez, coordinadora de la entidad en defensa de camareras de hotel «kellys» – en Málaga.

Carga contra la reforma laboral que hizo el gobierno del PP para que potencia la subcontratación de servicios, el enemigo número uno de las camareras.

En el caso de las camareras subcontratadas el panorama es malo, porque responden al convenio de una empresa multiservicio y no al de hostelería.

Esto hace que muchas veces cobren el salario mínimo y que en ocasiones las hagan trabajar hasta diez horas a pesar de tener contratos de media jornada o de seis horas.

La trampa del convenio afecta también a trabajadores de plataformas digitales como los de Freenow, que mueven coches eléctricos con poca batería en los puntos de carga cobrando el salario mínimo, cuando deberían aplicar el convenio de alquiler de coches con conductor, con un sueldo de 1.300 euros.

Según explica Juanjo Lavergne, de Riders x Derechos, en estas plataformas los falsos autónomos pueden llegar a necesitar «más de 10 horas de trabajo para llegar a un salario mínimo».

Programas electorales

Aunque no aparece en los mítines y los actos de campaña, el debate sobre la precariedad sí ha llegado a los programas electorales de los partidos. El PSOE, como Unidas Podemos, plantea el aumento del salario mínimo hasta los 1.200 euros.

Sánchez habla de «derogar los aspectos más lesivos de la reforma laboral» y promete un nuevo estatuto de los trabajadores.

Podemos es más concreto y pide que se deroguen por completo las reformas laborales de 2012 y 2010, así como prohibir los contratos temporales de menos de un mes y el fraude de la concatenación de contratos.

El PP vuelve a hablar de «flexibilizar» el mercado de trabajo y CS propone que los contratos sean indefinidos excepto los de sustitución, aunque lo hace con la boca pequeña, porque en el programa, poco hay.

Unidas Podemos

Si podemos fijarnos en alguien que sea indiscutible luchador contra la precariedad, ese es el diputado Rafa Mayoral.

Líder indiscutible de los grupos más desfavorecidos como son los Riders, las Kellys, los pensionistas, e incluso los taxistas, donde Mayoral siempre ha mostrado su apoyo al sector y criticando a las empresas transnacionales que se llevan todos los beneficios a paraísos fiscales importándoles muy poco el bienestar de la clase trabajadora.


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1 Comentario

  1. Iniciado el proceso de la Demanda Contencioso Administrativo del Taxi madrileño contra el Ayuntamiento de Madrid, por Discriminación en la interpretación de la Ordenanza de Movilidad, que no reconoce prórroga para los vehículos diesel euro5taxi.

    Dichos vehículos taxi, sus titulares de licencia, si no lo paraliza un juez, tendrán que tirar sus herramientas de trabajo con 5 y 6 años a la basura el 01 de enero de 2020, perdiendo años de vida util, y sin embargo los vehículos VTC con el mismo motor y edad, sí disponen de dicha prórroga hasta 31de diciembre de 2022, en claro incumplimiento del Principio de Igualdad descrito en el artículo 14 de nuestra Constitución.

    Promueve el proceso de Demanda la nueva Asociación Plataforma de Afectados Diesel euro5 taxi, junto al gabinete jurídico contratado Forum Jurídico.

    El Ayuntamiento, dentro de su nefasta gestión de este inmenso y escandoloso problema del euro5, a pedido a las Asociaciones representativas del sector, que le soliciten ellas mismas, la emisión de un Decreto para solventar el macroproblema que se plantea de renovación de vehículos para fin de año.

    Causa perplejidad que el Ayuntamiento solicite colaboración de las Asociaciones para solicitar un Decreto que se opondria a lo que refleja la Ordenanza del Taxi, permitir a los vehículos afectados seguir prestando servicio más allá del 01 de enero de 2020, siempre que demuestren haber comprado vehículo nuevo dentro del año 2019, hasta que el concesionario lo suministre, con un máximo de 6 meses. Un Decreto Municipal es norma inferior a una Ordenanza Municipal y por el principio de Jerarquía Normativa sería ilegal desde su genesis.

    Algunas Asociaciones ya han manifestado su predisposición a vender su firma al Ayuntamiento, de aceptación del Decreto. Desconocemos las recomendaciones de las asesorías jurídicas de estas Asociaciones al respecto. Otras como Elite, en comunicado oficial, en actitud prudente, antes de solicitar algo ilegal, no han prestado su firma y se solidarizan con la demanda de los taxistas afectados, la cual persigue conseguir de manos de la Justicia una justa prórroga hasta 31 de diciembre de 2022, en iguales condiciones que a la VTC, según consta en la disposición transitoria segunda de la Ordenanza de Movilidad.

    Se sospecha que la intención del Ayuntamiento es utilizar como «arma» este Decreto con la firma de alguna Asociación, dentro de la Demanda a la que se enfrenta en los Tribunales de lo Contencioso Administrativo, por Discriminación al Taxi de Madrid, al cual con su actitud, pretende hacer unico responsable de la contaminación en la ciudad, castigandole con una renovación de vehículos innecesaria superior a 30 millones de euros, millones que saldrán del sudor de los taxistas y engrosaran las cuentas de comisionistas y concesionarios con la complicidad del excelentísimo Ayuntamiento de Madrid, con una distorsión absoluta del mercado por este incremento artificial de la demanda en precios y disponibilidades de vehículos.

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