Piden 70 años de cárcel a Rodrigo Rato

Piden 70 años de cárcel a Rodrigo Rato en su tercer juicio

Rodrigo Rato se sienta por tercera vez en el banquillo de los acusados. Primero fue por las tarjetas «black»; después, por la salida a bolsa de Bankia y ahora lo comienzan a juzgar por el origen de su fortuna.

Entre 2005 y 2015 su capital creció hasta los 15,5 millones de euros y el ex vicepresidente de Aznar no ha podido justificar su origen.

La Fiscalía cree que proviene de negocios ilícitos y pide 70 años de cárcel para quien también fue ministro de Economía y presidente del Fondo Monetario Internacional.

Tanto a la llegada como a la salida del juicio, Rato ha sorteado a los periodistas y ha declinado atender a los medios.

Minutos después, en el inicio de la sesión, su defensa ha pedido la nulidad del acto de entrada y registro que originó la causa, en el 2015, porque vulneró –han esgrimido– el derecho a la defensa y la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y el secreto profesional.

Esta es la primera jornada de un procedimiento judicial que se alargará durante meses en la Audiencia de Madrid. El exdirigente del PP no debe declarar hasta el próximo mes.


Un traficante de armas vinculado a Rodrigo Rato y al rey emérito

Un traficante de armas vinculado a Rodrigo Rato y al rey emérito

 


Más de una decena de delitos

La causa agrupa varias piezas por las que se investiga Rato. Según el escrito de acusación, habría mantenido patrimonio oculto en el extranjero desde 1999 a través de varias sociedades con cuentas bancarias en Bahamas, Suiza, Mónaco, Luxemburgo y Reino Unido, entre otros lugares.

La Fiscalía recuerda, además, que Rato se acogió en el 2012 en la amnistía fiscal impulsada por el PP, pero omitió cualquier referencia a diversas sociedades que poseía y con las que se habría enriquecido.

«Lejos de haber regularizado, la utilizó como un vehículo de blanqueamiento o limpieza de las ilícitas cuotas defraudadas que arrastraba desde hacía años por su patrimonio exterior».

Rato fue condenado por el llamado caso de las tarjetas «black», una sentencia que le obligó a entrar en prisión.