¿Peligra el puesto de la nueva presidenta del Parlament de Catalunya?
La nueva presidenta del Parlament de Catalunya, Laura Borràs, podría tener que dejar el cargo, ya que tiene abierta una causa judicial que investiga su gestión al frente de la Institución de las Lletres Catalanes por un supuesto fraccionamiento de contratos adjudicados a dedo. Un juicio que está en fase de instrucción, con unas acusaciones que Laura Borràs ha negado reiteradamente diciendo que es víctima de una persecución política.
Se le acusa de delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental que pudo cometer durante la etapa en la que fue directora de la Institución ILC.
Al ser diputada en el Congreso y rechazar la comparecencia voluntaria como investigada que le propuso el instructor, la Cámara aprobó el suplicatorio para que Borrás pudiera ser interrogada en el Alto Tribunal.
El magistrado de la Sala II del Tribunal Supremo, Eduardo de Porres, estudia la concesión por parte de Borrás, de 18 contratos a su amigo Isaías Herrero. Estos contratos supusieron 260.000 euros de las arcas públicas que acabaron en manos de Herrero.
El reglamento del Parlament prevé en el artículo 25.4 que, en caso de una acusación de corrupción, una vez sea firme la resolución de apertura del juicio oral, la mesa debe suspender los derechos y deberes parlamentarios de aquel diputado de manera inmediata.
«En los casos en que la acusación sea por delitos vinculados a la corrupción, la Mesa del Parlament, una vez sea firme el acto de apertura del juicio oral y tenga conocimiento, acordará la suspensión de los derechos y deberes parlamentarios de manera inmediata. Si se plantean dudas sobre el tipo de delito o sobre el régimen de incompatibilidades aplicable a lo largo de la suspensión, es necesario el dictamen de la Comisión del Estatuto de los Diputados».
Laura Borràs defiende que «se puede plantear un debate si los delitos tienen la naturaleza jurídica de corrupción o se han instrumentalizado políticamente».
Este será un debate que se deberá trasladar a la comisión del Estatuto del Diputado, que deberá discutir sobre esta naturaleza jurídica y elevar una propuesta a la mesa para que haga efectiva o no la suspensión. Si fuera así, la vicepresidenta primera, Anna Caula, asumiría sus funciones, pero se plantearía un nuevo problema: si se ha de elegir otro presidente del Parlament.
¿Peligra el puesto de la nueva presidenta del Parlament de Catalunya?
