La Audiencia Nacional deja en libertad con cautelares a tres investigados por contratos públicos
El juez de la Audiencia Nacional, Antonio Piña, ha acordado este sábado la puesta en libertad con medidas cautelares de la exmilitante del PSOE Leire Díez, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso, socio del exdirigente socialista Santos Cerdán. Los tres están siendo investigados por presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos públicos.
Según han confirmado fuentes jurídicas, el magistrado ha impuesto como medidas la retirada del pasaporte, la prohibición de salir del país y la obligación de comparecer cada quince días ante la autoridad judicial. Estas cautelares fueron solicitadas por la Fiscalía Anticorrupción, que impulsa la investigación.
Declaraciones ante el juez y situación procesal
Los detenidos llegaron a la Audiencia Nacional a primera hora de la mañana y comenzaron a declarar ante el juez a partir de las diez. Leire Díez optó por no declarar, alegando que desconoce los hechos concretos que motivaron su detención.
Vicente Fernández, por su parte, sí respondió a las preguntas del juez, de la Fiscalía y de su defensa. Durante su comparecencia negó su implicación en presuntos amaños en adjudicaciones de contratos entre 2021 y 2022 y fue interrogado sobre su relación con Servinabar, empresa vinculada a la investigación.
El empresario Antxon Alonso se acogió a su derecho a no declarar. Los tres fueron detenidos el miércoles por la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil, en el marco de una causa que permanece bajo secreto de sumario.

Libertad con medidas cautelares para tres detenidos por el ‘caso Plus Ultra’
Delitos investigados y registros practicados
La investigación, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, analiza posibles delitos de prevaricación, malversación, tráfico de influencias y organización criminal. El juez instructor ordenó registros y requerimientos de información en Madrid, Sevilla y Zaragoza, centrados en empresas relacionadas con Servinabar, mercantil que, según las pesquisas, estaría vinculada a Santos Cerdán.
Los agentes registraron sedes empresariales y solicitaron documentación en distintos organismos públicos, entre ellos la SEPI, Mercasa, Enusa, Correos y varios ministerios. Desde Transición Ecológica se indicó que la documentación requerida fue entregada con plena colaboración y conforme a los procedimientos habituales.
Otras investigaciones vinculadas a la causa
Además de estos tres investigados, la causa incluye al expresidente de Enusa, José Vicente Berlanga, y el número total de personas bajo investigación supera la docena, según fuentes del caso.
En paralelo, Leire Díez figura también como investigada en otro procedimiento judicial en Madrid por tráfico de influencias y cohecho, relacionado con el presunto ofrecimiento de favores a cambio de información sensible. En esa causa, el juez considera que habría liderado una actuación coordinada para obtener información destinada a interferir en investigaciones relevantes.
Pagos y antecedentes judiciales
En cuanto a Vicente Fernández, fue presidente de la SEPI entre 2018 y 2019 y dimitió tras su imputación en el caso Aznalcóllar, del que resultó finalmente absuelto. Documentación remitida por la Hacienda Foral de Navarra recoge pagos realizados por Servinabar a Fernández en distintos ejercicios, así como retenciones económicas.
Por su parte, Antxon Alonso, administrador de Servinabar, también está siendo investigado por el Tribunal Supremo en una pieza del conocido como caso Koldo. En declaraciones previas, negó el pago de comisiones ilegales y rechazó la vinculación societaria de Santos Cerdán con la empresa, pese a la existencia de documentación intervenida por la Guardia Civil.



































