Libertad con cautelares para tres detenidos en la investigación del caso Plus Ultra
El Juzgado de Instrucción Número 13 de Madrid ha acordado este sábado la puesta en libertad con medidas cautelares de tres personas detenidas en el marco del conocido como caso Plus Ultra, entre ellas el presidente de la aerolínea, Julio Martínez, y su consejero delegado, Roberto Roselli.
La decisión ha sido adoptada por el juez Alfredo Barrera, que se encontraba de guardia en el momento de resolver la situación procesal de los detenidos. No obstante, la investigación principal sigue en manos del Juzgado de Instrucción Número 15 de Madrid y permanece bajo secreto de sumario, según han confirmado fuentes jurídicas.
Medidas impuestas por el juzgado
El magistrado ha establecido para los tres investigados la retirada del pasaporte, la prohibición de abandonar el territorio español y la obligación de comparecer cada quince días ante el órgano judicial correspondiente. Los detenidos fueron puestos a disposición judicial este sábado tras haber sido arrestados a lo largo de la semana por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal de la Policía Nacional.
Libertad con medidas cautelares para Leire Díez y otros dos investigados
Investigación impulsada por Anticorrupción
La causa tiene su origen en una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción, que investiga el presunto uso indebido de los 53 millones de euros concedidos a Plus Ultra en forma de rescate durante la pandemia, así como un posible blanqueo de fondos públicos y de oro procedente de Venezuela en distintos países.
Esta denuncia fue inicialmente rechazada por la Audiencia Nacional, que el año pasado se declaró no competente y derivó el asunto a los juzgados de Madrid, al considerar que el órgano encargado debía ser el que ya había investigado el rescate de la aerolínea.
Sospechas sobre el destino del rescate
Según sostiene la Fiscalía, los 53 millones de euros aprobados por el Consejo de Ministros en marzo de 2021 habrían sido utilizados para devolver préstamos concedidos a Plus Ultra por sociedades vinculadas a una supuesta trama delictiva. La denuncia apunta a la posible existencia de una organización criminal con presencia en España, Francia y Suiza, presuntamente dedicada a actividades de blanqueo de capitales.
El Ministerio Público vincula el origen de los fondos investigados a actos de malversación de elevada cuantía en Venezuela, relacionados con programas públicos de distribución de alimentos y con ventas de oro del Banco Central venezolano.
Antecedentes judiciales del caso
El mismo juzgado que ahora investiga estos hechos acordó en enero de 2023 el archivo de una causa anterior sobre supuestas irregularidades en la concesión del rescate a Plus Ultra. En aquel momento, la jueza concluyó que la ayuda fue aprobada por el Consejo de Ministros, por lo que los investigados no tenían capacidad decisoria directa. La Audiencia de Madrid respaldó esa resolución al considerar agotado el plazo legal para continuar las diligencias.
