La Fiscalía insta a Llarena a pedir una nueva euroorden contra Puigdemont
La Fiscalía ha pedido a Pablo Llarena que emita una nueva orden de extradición contra Carles Puigdemont y Toni Comín. El ministerio fiscal quiere que el juez instructor dicte nuevas órdenes de búsqueda y captura e ingreso en prisión contra los dos eurodiputados de Junts, con efectos tanto en el Estado como en el ámbito europeo e internacional, por el delito de malversación grave.
El fiscal se posiciona así tras la sentencia del Tribunal General de la Unión Europea (TGUE) que retiró la inmunidad a los independentistas, y justo al día siguiente de unas elecciones en las que Junts tendrá un papel decisivo para la gobernabilidad del Estado.
En un escrito de cuatro páginas, los fiscales de proceso -Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Consuelo Madrigal y Fidel Cadena – admiten que la sentencia del TGUE aún no es firme, pero recuerdan que el recurso que planteará en las próximas semanas la defensa de los exiliados carece de efectos suspensivos.
Tras la reforma del código penal, Llarena adaptó el procesamiento a un delito de malversación, castigado con penas de hasta 12 años de cárcel. El juez instructor deberá tomar una decisión en las próximas semanas, una vez que todas las partes se hayan pronunciado sobre las nuevas órdenes de detención. Una vez que lo haga, los exiliados pasarán a estar en manos de la justicia belga.
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Por ahora, los eurodiputados de Junts tienen limitada la libertad de movimientos y hace un par de semanas no acudieron al pleno del Parlamento Europeo en Estrasburgo por las dudas sobre su inmunidad. La defensa ultima un recurso de casación en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), donde esperan un criterio más favorable a sus intereses.
Paralelamente, también pedirán recuperar la inmunidad de forma cautelar, una petición que si se acepta obligaría a dejar de nuevo el procedimiento en suspenso a la espera de la resolución definitiva del TJUE, que se prevé dentro de unos meses.
La Fiscalía no ve necesario ni esperar a la sentencia firme ni pedir un nuevo suplicatorio en el Parlamento Europeo. La defensa de los exiliados, capitaneada por Gonzalo Boye, sostiene que dado que ha habido cambios en el procesamiento y las euroórdenes quedaron archivadas a principios de año, el juez debe volver a pedir permiso a la Eurocámara para cursar nuevas peticiones de extradición. Llarena, y también el ministerio fiscal, no creen que esto sea necesario. Si finalmente se acuerdan nuevas euroórdenes, quien tendrá que decidir sobre esta cuestión es la justicia belga.
