La fiscalía pide 4 años de prisión para Arantxa Sánchez Vicario
La fiscalía solicita cuatro años de prisión para la ex tenista Arantxa Sánchez Vicario y su ex marido, Josep Santacana, por no pagar las deudas fiscales y bancarias y ocultar su patrimonio de forma deliberada, para que no les embargaran ni cuentas ni propiedades «y con ánimo de un enriquecimiento ilícito».
La acusación es por un delito de alzamiento de bienes o de insolvencia punible y pide, además, que se les imponga una multa de 8.640 euros y una indemnización al banco de 6,17 millones de euros.
10 años de litigios
El origen del caso se remonta a hace más de 10 años. Según la investigación que se acaba de cerrar, la deportista y Josep Santacana, que entonces era su marido, habrían usado una red de empresas y testaferros para vaciar sus cuentas y cambiar de nombre sus propiedades (hasta una veintena de viviendas, locales, terrenos y plazas de aparcamiento por toda Catalunya) para no hacer frente a una sentencia del año 2014 que los condenaba a pagar 7,5 millones de euros por una deuda con Hacienda pagada por el Banco de Luxemburgo.
En 2010, una entidad bancaria avaló una deuda de Arantxa Sánchez Vicario con la Agencia Tributaria por un valor superior a los 5 millones de euros. El banco lo pagó con el dinero recibido de otra entidad bancaria, en este caso extranjera, el Banco de Luxemburgo, al que la pareja pidió el dinero, un dinero que nunca devolvió.
En 2011, el Banco de Luxemburgo llevó el matrimonio a juicio. La sentencia por este caso, dictada en el año 2013 pero ejecutada en 2014, obligaba a Sánchez Vicario y Santacana a pagar una deuda de 7,5 millones de euros, intereses incluidos, un dinero que la pareja ya habría desviado y que hizo desaparecer, según la investigación.
El Ministerio Fiscal asegura, en su escrito, que para evitar el embargo de cuentas y propiedades Arantxa Sánchez Vicario y Josep Santacana, junto con otras cinco personas, idearon un plan para descapitalizarse y frustrar la ejecución de la sentencia.
Un plan ideado por Santacana
Siguiendo las instrucciones de Santacana, vaciaron todas las cuentas bancarias e hicieron desaparecer todo el dinero que la ex tenista habría cobrado en procedimientos judiciales contra sus padres y otras personas, de parte de medios de comunicación (algunos recibos de forma opaca, según la investigación) o en concepto de derechos de autor de un libro de 2010.
El matrimonio también traspasó una veintena de viviendas, plazas de aparcamiento, terrenos y locales situados en Bellver de Cerdanya, Sant Feliu de Guíxols, Sant Just Desvern, Esplugues de Llobregat, Sitges, Sant Cugat del Vallés, Barcelona, Premià de Mar o Formentera, que pasaron a una sociedad uruguaya.
Los otros cinco investigados habrían actuado como testaferros o mediadores en estas sociedades y habrían facilitado el traspaso de las propiedades a otras empresas fuera de España.
Por todo ello, la fiscalía pide cuatro años de prisión y 8.640 euros de multa para la ex tenista y su marido por alzamiento de bienes e insolvencia punible, tres años y medio de cárcel y 7.560 euros de multa para cuatro investigados más como a cooperadores necesarios y dos años y nueve meses de prisión y 7.200 euros de multa para el quinto investigado.
Además, Sánchez Vicario y su pareja deberán indemnizar conjuntamente el banco con 6,17 millones de euros. Los otros cinco acusados deberán indemnizar a la entidad bancaria con un total de 12,3 millones de euros y las siete empresas relacionadas con los hechos deberán abonar también al banco, en concepto de indemnización, 11 millones de euros más como responsables civiles subsidiarios.
La fiscalía pide 4 años de prisión para Arantxa Sánchez Vicario
