La fiscal pide investigar a Camps por mentir como testigo en el juicio de Gürtel
En el juicio por las supuestas adjudicaciones irregulares a la trama Gürtel por la visita del papa a Valencia en 2006, la fiscalía ha pedido al tribunal que ordene investigar al expresidente de la Generalitat valenciana, Francisco Camps, por falso testimonio en su declaración como testigo.
Además, pide también investigar a los testigos, César Tomás Martín Morales, exjefe de la Empresa Municipal de Suelo y Vivienda de Boadilla del Monte (Madrid), y Victoriano Llanes, exjefe de los Servicios Jurídicos de Radiotelevisión Valenciana.
Tras comunicar sus conclusiones definitivas para los veintidós acusados la fiscal anticorrupción, Concepción Nicolás ha solicitado este martes que la Sala «deduzca falso testimonio contra Francisco Camps» y el resto de testigos citados.
La fiscal ha recordado que «fueron debidamente advertidos cuando se les tomó juramento o promesa de decir verdad y faltaron palmariamente a la misma en hechos que pueden ser claramente constatables».
Falso testimonio
Francisco Camps aseguró en su declaración como testigo en este juicio que nunca había ordenado adjudicaciones a la trama corrupta y aseguró que con su responsable en Valencia, Álvaro Pérez, el Bigotes, no iría «ni a la vuelta de la esquina».
La Audiencia Nacional ha reanudado con las conclusiones definitivas el juicio de los 22 acusados de esta pieza del caso de corrupción relacionado con el PP, seguida por supuestas adjudicaciones irregulares al entramado liderado por Francisco Correa por la visita del papa Benedicto XVI a Valencia en julio de 2006 para participar en el V Encuentro Mundial de las Familias.
Según la Fiscalía Anticorrupción, tras asumir la Radiotelevisión Valenciana (RTVV) la señal de la retransmisión de la visita del papa el entramado de Gürtel consiguió que el ente público le adjudicara un montaje de pantallas y sonido en las calles de Valencia por «un precio desorbitado» de más de siete millones de euros.
La Fiscalía mantiene que el entonces director general de RTVV, el acusado Pedro García Gimeno, vulnerando las normas de contratación pública llevó a cabo actuaciones para dicha adjudicación por la que se repartió más de tres millones de euros con los miembros de la trama Francisco Correa, Pablo Crespo; Álvaro Pérez, el Bigotes, y el también acusado Ramón Blanco Balín, asesor del grupo.
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