La Comisión de Venecia avala definitivamente la amnistía con algunos matices
Después de que se aprobara este jueves la ley de amnistía en el Congreso, la Comisión de Venecia ha dado luz verde a su informe final y avala el texto como un instrumento legítimo en un proceso de «reconciliación» política y social. También reconoce la existencia de otras leyes de amnistía en distintos países europeos.
Sin embargo, el órgano hace una serie de consideraciones. En primer lugar, pide acotar el ámbito de aplicación temporal y material de la ley de amnistía. Considera que cubre un período demasiado amplio y ofrece una cobertura demasiado vaga.
En este sentido, el informe de la Comisión de Venecia deja claro que «la amnistía es una medida impersonal» e insiste en que «los criterios para su aplicación no deben diseñarse para cubrir a personas específicas».
También discrepa que se haya tramitado por un procedimiento de urgencia y que se haya aprobado por una mayoría absoluta y no calificada, sobre todo por toda la división que genera la cuestión.
Sobre el terrorismo, recuerda que ese delito no puede quedar amnistiado si ha habido vulneraciones graves de derechos humanos, algo que ya recoge la actual ley después de haber incorporado enmiendas. En concreto, el informe de la Comisión de Venecia dice esto:
«Garantizar que, en la interpretación de las exclusiones, el principio rector sea que las amnistías sólo son compatibles con las normas internacionales si las violaciones graves de los derechos humanos quedan excluidas de su ámbito de aplicación».
En la misma línea, la Comisión también recomienda mayores garantías para que solo queden amnistiados los delitos de malversación que tengan «un vínculo casual más estrecho» con la consulta del 9-N y con el referéndum del 1-O.
El contenido definitivo del informe de la Comisión se sabrá a partir del próximo lunes.
La Comisión de Venecia es un órgano consultivo del Consejo de Europa, formado por un grupo de expertos en derecho internacional, al que el Partido Popular pidió que estudiara si la ley de amnistía era conforme a la legalidad y la separación de poderes. También había pedido el dictamen la Asamblea Parlamentaria del Consejo de Europa.
A principios de febrero, la Comisión viajó a España para entrevistar a diputados, senadores y miembros del gobierno y al poder judicial para analizar la redacción y aplicación de la ley de amnistía.
