Juicio en Almería a dos agentes de la Policía Local de Vícar por pertenencia a grupo criminal
Hoy martes comienza en la Audiencia Provincial de Almería el juicio contra 14 personas acusadas de integrar una red criminal destinada a la producción ‘indoor’ de marihuana en viviendas alquiladas y cedidas de Roquetas de Mar (Almería) para su posterior venta, entre quienes se encuentran dos agentes de la Policía Local de Vícar.
La Fiscalía pide tres años y medio de prisión para los dos agentes, quienes se habrían encargado del cobro mensual de los alquileres de las viviendas en las que se encontraban las plantaciones obteniendo por ello una comisión del diez por ciento sobre el alquiler de las mismas.
El Ministerio Público los considera cómplices de delitos contra la salud pública, integración en un grupo criminal y omisión del deber de perseguir delitos. Además de las penas de prisión, solicita una multa de 150.000 euros y un año de inhabilitación.
La acusación sitúa a ambos policías en el segundo nivel de la organización y les atribuye el ser las personas encargadas del cobro mensual de los alquileres de las viviendas en las que se cultivaba la marihuana, labor por la que supuestamente se llevaban una comisión.
Los acusados se habrían servido tanto de viviendas de su propiedad como de otras que habrían alquilado, en ocasiones a través de terceros, para lo que se tenían al menos seis colaboradores.
En total fueron 12 los inmuebles alquilados y propiedad de los acusados intervenidos, así como las taquillas de los policías locales de Vícar sospechosos, en los que se hallaron diversas cantidades de dinero.
Los acusados de los delitos contra la salud pública, pertenencia a un grupo criminal y defraudación de fluido eléctrico, por el que habrían ocasionado perjuicios económicos por unos 9.000 euros a las compañías eléctricas, se enfrentan a penas que van desde los cuatro años y medio de prisión a multas por cargos alternativos como encubrimiento, omisión del deber de perseguir delitos o un delito leve de defraudación de fluido.
El juez instructor reseñó en el auto de procedimiento abreviado que durante que la investigación «resultó especialmente llamativo cómo policías locales, fuera de servicio, se moviesen con evidente facilidad por una zona de Roquetas de Mar como las 200 viviendas, siendo hecho notorio las numerosas actuaciones judiciales ahí por delitos contra la salud pública» y se reveló «como ambos se convirtieron en piezas esenciales en la búsqueda de viviendas y de personas encargadas de desarrollar otras finalidades relacionadas con la presunta actividad delictiva».
Añadió que la actividad ilícita de la que se les acusa suponía «unos ingresos mensuales de entre 6.000 y 7.000 euros» y que lo hacía «con plena libertad y disponibilidad para elegir a los arrendatarios de las viviendas» para cultivos de marihuana.
En la operación policial se registraron ocho viviendas en alquiler y otras cinco propiedad de los acusados o de conocidos y se decomisaron más de 1.200 plantas de marihuana. En el domicilio y taquilla de uno de los agentes se intervinieron más de 5.300 euros procedentes supuestamente de las comisiones delictivas.
