Investigan a Pablo Casado por presuntas injurias sobre el catalán en las escuelas
Un juez de Barcelona está investigando al expresidente del Partido Popular Pablo Casado por unas declaraciones suyas sobre el catalán en las escuelas.
Según ha avanzado el diario Ara, se le investiga por un posible delito de injurias, porque afirmó que no se dejaba ir al lavabo a los niños que lo pedían en castellano.
La Generalitat presentó una querella por esta afirmación, que ha sido admitida a trámite, y el juez ha citado a Casado a declarar el 30 de enero, cuando hará la declaración por videoconferencia.
El juez no descarta que también se pueda atribuir a Casado los delitos de calumnias y de odio y discriminación.
«¿Se puede tolerar que haya profesores con instrucciones para no dejar ir al baño a niños porque hablan en castellano? ¿Se puede tolerar que haya niños que por hablar castellano en el recreo les metieran piedras en la mochila?». Casado lo dijo en un acto de partido en Galicia hace casi un año, en diciembre del 2021, cuando aún lideraba el PP.
En estas declaraciones, Casado afirmó que en Cataluña los niños que quieren hablar castellano en la escuela son sitiados por sus compañeros y también por los docentes.
Casado hizo las declaraciones en plena polémica por la aplicación de la sentencia del 25% de castellano en una escuela de Canet de Mar impuesta por el Tribunal Superior de Justicia de Catalunya.
Querella por injurias e incitación a la violencia
Pocos días después, la portavoz del gobierno de la Generalitat, Patrícia Plaja, anunció que se había presentado la querella contra Casado acusándole de injurias, calumnias e incitación a la violencia.
Según Plaja, las declaraciones no sólo eran falsas, sino que lo que hacían era «atacar directamente al conjunto del profesorado de Catalunya y al sistema educativo».
Entonces, la querella se presentó en el Tribunal Supremo porque, como diputado en el Congreso, Casado tenía la condición de aforado, pero cuando dejó de serlo el Supremo la archivó.
La Generalitat puso otra en un juzgado ordinario de Barcelona, que se inhibió a favor de uno de A Coruña, porque las declaraciones se habían hecho allí.
La Generalitat presentó recurso contra este traslado, y finalmente el caso regresó a Barcelona, donde el juez también pidió la grabación completa del acto de Casado.
