Inmovilizan más de 6.000 kilos de residuos biosanitarios en Alicante, Albacete y Murcia
La Guardia Civil investiga a cuatro empleados de una empresa transportista, entre ellos el administrador, por ofertar servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar residuos biosanitarios. Varias de estas clínicas y centros de tatuajes, se encuentran en Alicante, Albacete y Murcia.
A los arrestados se les han instruido diligencias como presuntos autores de los delitos de falsedad documental y estafa. Durante la operación, denominada ‘Fake Manager’, los agentes han inmovilizado más de 6.000 kilos de residuos biosanitarios cortantes y punzantes y han constatado que la empresa ofertaba servicios a clínicas y centros de tatuaje sin la preceptiva autorización para gestionar este tipo de residuos.
El Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) inició la investigación cuando un gestor de residuos peligrosos denunció una incidencia relacionada con la recogida y tratamiento de residuos. Según la denuncia, un responsable de una clínica dental había solicitado a la empresa gestora de residuos un justificante para acreditar que sus residuos peligrosos habían tenido entrada en su centro de gestión.
Al parecer, estos residuos habían sido recogidos de su centro de trabajo por una transportista de residuos, con la que se comprobó que no tenía vínculo comercial, por lo que no pudo emitir los documentos de control y seguimiento (DCS) solicitados, los cuales, al parecer, estaban siendo falsificados en el apartado de gestor final, con las consiguientes pérdidas económicas y de credibilidad en el sector.
La empresa transportista de residuos realizaba el cobro en efectivo de los servicios ofrecidos. Los centros productores de residuos no pudieron aportar datos sobre las personas que realizaban las recogidas y, además, la empresa pertenecía a dos personas, que se culpaban entre ellas, por lo que inicialmente no se pudo determinar al autor de los hechos denunciados.
Los guardias civiles denunciaron los hechos ante la Dirección General del Medio Ambiente, que inició varios expedientes administrativos de sanción por la mala praxis detectada en la gestión de residuos peligrosos a la mercantil transportista, por no informar de donde se entregaban los residuos peligrosos.
Los efectivos del SEPRONA, que continuaban con la investigación, detectaron en una inspección rutinaria a una clínica veterinaria de Molina de Segura que la empresa vinculada a la investigación anterior estaba operando nuevamente. Los guardias civiles inspeccionaron minuciosamente la documentación y detectaron que la empresa que figuraba como gestor final, donde se suponía que se entregaban los residuos, no había recibido productos de la empresa transportista.
En este caso sí se pudieron constatar los destinatarios de los pagos por los supuestos servicios de recogida y gestión de los residuos peligrosos biosanitarios entregadas por los centros productores.
Más de 6 toneladas de residuos biosanitarios peligrosos
Los investigadores del SEPRONA ubicaron una sede de la empresa transportista de residuos en el municipio de Lorquí, en una parcela vallada donde se llevó a cabo una inspección y se hallaron más de 6.000 kilos de utensilios de las clínicas veterinarias, dentales y centros de tatuajes, que quedaron inmovilizados a disposición de la Dirección General del Medio Ambiente de la Comunidad.
Una vez obtenidos todos los indicios necesarios, la Guardia Civil ha identificado, localizado e investigado a cuatro personas vinculadas a la mercantil –con funciones de administrador único, un empleado más y dos transportistas que se encargaban de la recogida de los residuos–, a las que se les ha instruido diligencias como presuntas autoras de los delitos de falsedad documental y estafa.
Más de 130 afectados en Alicante, Albacete y Murcia
De los hechos constatados se informó a los colegios oficiales de Odontólogos y Veterinarios de la Región de Murcia, para su difusión entre los colegiados y que pudieran presentar sus alegaciones como perjudicados. Los guardias civiles que han dirigido la investigación han verificado, hasta el momento, una treintena de clínicas afectadas por estas supuestas actividades ilícitas, aunque se estima que el número de empresas perjudicadas supere el centenar, entre la Región de Murcia y las provincias limítrofes de Albacete y Alicante.
Los investigados se enfrentan a las penas previstas para el delito de falsedad documental en documentos público, por parte de particulares de seis meses a tres años de prisión y multa de seis a doce meses.
El delito de estafa, cuando el importe de lo defraudado supera los 400 euros, penas de prisión de 6 meses a 3 años, teniendo en cuenta para la fijación de la pena el importe de lo defraudado, el quebranto económico causado al perjudicado, las relaciones entre este y el defraudador y los medios empleados por este y cuantas otras circunstancias sirvan para valorar la gravedad de la infracción. Los investigados, los efectos inmovilizados y las diligencias instruidas han sido puestos a disposición del Juzgado de Instrucción de Murcia.
