García Ortiz rechaza ser responsable del delito de revelación de secretos en su juicio ante el Supremo
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha afirmado este lunes que no se considera responsable del delito de revelación de secretos que se le atribuye en relación con Alberto González Amador, pareja de la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso. Así lo ha manifestado durante la primera jornada del juicio que se celebra en el Tribunal Supremo, donde se le acusa de haber filtrado información confidencial vinculada al caso.
Inicio del juicio y declaración del acusado
El proceso judicial comenzó este lunes con la comparecencia de García Ortiz, quien asistió vestido con toga y acompañado por los abogados del Estado encargados de su defensa. Ante la pregunta del magistrado Andrés Martínez Arrieta, presidente del tribunal, sobre si se considera autor del delito que se le imputa, el fiscal general respondió de forma tajante: “No”.
Cuestiones previas y reclamaciones de la defensa
Durante la sesión, la Abogacía del Estado, representada por Consuelo Castro, solicitó la nulidad de las actuaciones, argumentando una vulneración de derechos fundamentales de García Ortiz. La letrada impugnó el auto que decretó el secreto de sumario y el que autorizó el registro del despacho del fiscal general, al considerar ambas decisiones desproporcionadas y carentes de motivación suficiente.
Por su parte, la Fiscalía pidió incorporar al procedimiento documentación relativa a la dación de cuentas de la institución, mientras que la defensa solicitó incluir publicaciones en redes sociales y un informe pericial sobre el borrado del teléfono móvil.
Un juicio histórico en el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha comenzado este lunes un juicio sin precedentes, ya que es la primera vez que un fiscal general del Estado se sienta en el banquillo. La vista se celebra en la Sala de lo Penal, con la participación de siete magistrados y la presencia de numerosos periodistas y público.
García Ortiz se enfrenta a penas que podrían alcanzar los seis años de prisión e inhabilitación para el ejercicio del cargo, en un caso que ha generado una gran repercusión política y mediática.
