El Ejecutivo inicia el procedimiento judicial para disolver la Fundación Francisco Franco
El Gobierno ha notificado oficialmente a la Fundación Francisco Franco (FFF) el inicio del procedimiento judicial para solicitar su extinción, al considerar que su actividad ensalza la dictadura, humilla a las víctimas y no responde al interés general. Será, no obstante, la Justicia quien adopte la decisión definitiva sobre la disolución de la entidad.
Un proceso iniciado hace más de un año
El Ejecutivo lleva tiempo analizando la situación de la fundación. Los trámites comenzaron en junio de 2024, cuando el Ministerio de Cultura, responsable del Protectorado Estatal de Fundaciones, empezó a recopilar documentación sobre la actividad del organismo.
El ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ya había explicado que el objetivo no es “ilegalizar” la fundación, sino “extinguirla”, porque “no tiene cabida en una democracia”. Tras los informes recabados por Cultura y la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, el Gobierno concluyó que la FFF incumple la Ley de Fundaciones y la Ley de Memoria Democrática.
El Ejecutivo comunicó este viernes la decisión de llevar el caso ante los tribunales y solicitará medidas cautelares para limitar o suspender sus actividades mientras se resuelve el proceso judicial.
Una resolución de 37 páginas con informes y testimonios
La comunicación al patronato de la fundación se acompaña de una resolución de 37 páginas en la que se detallan los motivos que justifican la petición de extinción. La entidad dispone ahora de diez días hábiles para presentar alegaciones.
El Ministerio de Cultura se apoya principalmente en un informe de la Secretaría de Estado de Memoria Democrática, elaborado en mayo de 2025, junto con dictámenes de la Abogacía General del Estado, un catedrático de Derecho Constitucional y testimonios de víctimas del franquismo. También se incluye un análisis de la presencia mediática y digital de la fundación.
Tras revisar la página web oficial de la entidad, el Ministerio concluye que la FFF no cumple fines de interés general, sino que desarrolla una labor “incompatible con los valores de la legislación vigente”, ofreciendo una visión abiertamente positiva del franquismo.
Argumentos legales y ejemplos de apología del franquismo
El Ejecutivo sostiene que la fundación incurre en apología del franquismo, menosprecio a las víctimas e incluso en incitación al odio y la violencia, tal como recoge la Ley de Memoria Democrática como causas para su disolución.
Entre los ejemplos señalados, Cultura menciona artículos publicados por la FFF con un enfoque negacionista, como el titulado “La mentira de los niños robados del franquismo”, donde se minimiza el alcance de la represión.
Fuentes del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Política Territorial y Memoria Democrática aseguran haber reunido “pruebas contundentes” que justificarían la extinción judicial de la fundación, e indican su intención de presentar la demanda sin agotar los nueve meses de plazo legalmente previstos.
La defensa de la Fundación Francisco Franco
Por su parte, la Fundación Francisco Franco mantiene que su disolución sería contraria a la Constitución, al entender que vulnera la libertad de expresión. Sin embargo, fuentes del Gobierno subrayan que la creación de una fundación no es un derecho absoluto, ya que implica beneficios fiscales y reconocimiento institucional, condiciones que no deben aplicarse a entidades que ensalcen una dictadura.
