Una exdirigente de Vox, implicada en un presunto desvío de fondos de centros de menores en Canarias
Una exresponsable del partido de extrema derecha Vox en Las Palmas, junto con tres directores de centros de menores y un empresario inmobiliario, ha sido imputada por presunto blanqueo de capitales dentro de una investigación que destapa un desvío de casi 2,5 millones de euros procedentes de fondos europeos destinados a la atención de menores migrantes.
Entre los investigados se encuentra María de los Ángeles Barroso, exdirectora del Centro de Menores Guiniguada entre diciembre de 2020 y 2021. Durante ese tiempo, también ejercía como vicesecretaria y tesorera de Vox en Las Palmas de Gran Canaria, aunque en los comicios municipales de 2023 se presentó como número ocho en la lista de Unidos Por Gran Canaria.
Según la Fiscalía Anticorrupción, Barroso habría utilizado la tarjeta del centro para cubrir gastos personales, como tratamientos de estética facial, compras en supermercados, restaurantes y productos para piscinas.
La operación “Tabaiba”, tres años de investigación
La investigación, iniciada tras un informe del SEPBLAC (Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias), alertó sobre movimientos bancarios sospechosos vinculados a varios centros de acogida gestionados por la Fundación Siglo XXI.
La operación, bautizada como “Tabaiba”, ha sido dirigida por el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas bajo la supervisión de la Fiscalía Europea, y ha revelado un entramado financiero que se extendió durante tres años.
Los investigadores sostienen que los acusados desviaron parte de los fondos europeos Next Generation, transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento de seis centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.
De los 12 millones de euros recibidos por la Fundación Siglo XXI, una parte habría sido utilizada para operaciones estéticas, vacaciones, gasolina y gastos personales, según detalla la policía.
Fraude contable y alquileres inflados
La investigación policial revela que los implicados intentaron encubrir el desvío de fondos mediante la presentación de facturas duplicadas, documentos sin fecha y servicios inexistentes, lo que pone de manifiesto una manipulación contable deliberada.
Uno de los principales focos del caso es un empresario inmobiliario, también imputado, que presuntamente infló los precios de los alquileres de los centros a través de sociedades interpuestas, cobrando hasta tres veces el valor real del mercado.
Los agentes calculan que este sobrecoste generó un beneficio ilícito superior a 1,3 millones de euros entre 2021 y 2023, fondos que luego se habrían blanqueado mediante la adquisición de propiedades y otros activos patrimoniales.
Extracciones en efectivo y gastos personales
De los 1,6 millones de euros ingresados en las cuentas de la fundación, se habrían retirado más de 1,1 millones en efectivo, además de realizar transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares.
La fiscalía sostiene que todos los directores investigados utilizaron las tarjetas de los centros para pagos personales. En el caso de Barroso, destacan compras de lujo y tratamientos de estética, además de gastos en cafeterías, supermercados y alquiler de vehículos.
El empresario imputado, por su parte, habría sido el responsable de canalizar el dinero desviado a través de operaciones inmobiliarias fraudulentas.
