El juez García Castellón carga contra Suiza por el caso Tsunami y apunta a Bolaños por la filtración
El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha respondido este miércoles a Suiza que no puede negarse a colaborar con él en el caso Tsunami. Lo hace en un contundente auto donde pide a las autoridades suizas una reunión urgente.
García Castellón anuncia también que abre diligencias para esclarecer un posible delito de revelación de secretos por la difusión de la respuesta de las autoridades suizas, que llegó a través del Ministerio de Justicia.
El juez pide en el auto de este miércoles que las próximas comunicaciones dejen de hacerse a través del ministerio encabezado por Félix Bolaños y se hagan desde Eurojust, el organismo que coordina la justicia de los distintos estados europeos:
«Debemos participar a las autoridades suizas sobre la oportunidad de realizar las comunicaciones a través de Eurojust, para poder dotar a la reunión de coordinación de la formalidad y agilidad necesarias, evitando la participación de la autoridad central española (el Ministerio de Justicia) para una cuestión de naturaleza estrictamente judicial».
Los tratados internacionales y los casos de terrorismo
El juez de la Audiencia Nacional asegura que los tratados internacionales suscritos por ambos países impiden a Suiza rechazar su petición por motivos políticos en una causa calificada de terrorismo.
Según el juez, Suiza estaría obligada por la calificación de delito de terrorismo de la causa, que es precisamente lo que le cuestiona la respuesta de la justicia suiza: que considera que no tiene base suficiente.
La respuesta del juez del caso Tsunami llega al día siguiente de que se supiera que la Oficina Federal de Justicia de Suiza se negó a revelarle la dirección de Marta Rovira y los datos de una cuenta bancaria.
El juez insiste en pedir la dirección de Rovira, niega que debiera haberlo hecho por vía policial, como le sugirió la respuesta suiza, y aprovecha para hacer referencia a lo que considera «evidente desprecio» de la secretaria general de ERC hacia el sistema judicial español:
«Su evidente desprecio por el procedimiento judicial se constata cuando facilitó como domicilio personal la sede de un partido político en Barcelona, obviando cualquier información sobre el lugar en el que vive en serio, aunque es notorio que vive en Suiza».
Peticiones «inadmisibles» sobre la ley de amnistía
El magistrado muestra su indignación por el hecho de que Suiza le pida explicaciones y detalles sobre la ley de amnistía y los efectos que puede tener en los investigados por el Tsunami Democràtic, que insiste en calificar sin matices de «organización o grupo terrorista».
Dice que es una respuesta «inadmisible», incoherente y que podría tener un trasfondo político, porque pide por una cuestión política y al mismo tiempo insinúa que el magistrado tiene intenciones políticas.
El juez asegura a las autoridades judiciales de Suiza que «en España y en la UE existe separación de poderes»:
«Este magistrado desconoce cualquier cuestión relativa a la ley citada en la comunicación, y tampoco entiende qué interés puede tener, para quien atiende a una petición de naturaleza jurisdiccional, interrogar sobre una hipotética ley no aprobada».
