Fiscalía: Los riders de Uber Eats en Italia fueron explotados, robados y castigados

Fiscalía: Los riders de Uber Eats en Italia fueron explotados, robados y castigados

El fiscal de Milán, Paolo Storari, ha cerrado las investigaciones contra la empresa Uber Eats.

La investigación del 29 de mayo llevó a los Tribunales a ordenar, con una medida nunca antes tomada contra una plataforma de reparto, a intervenir la empresa Uber Italia.

Entre los 10 imputados se encuentra Gloria Bresciani, como gerente de Uber Italia.

“Frente a un forastero, nunca vuelva a decir ‘hemos creado un sistema para los desesperados’. Aunque tu creas que es así, la ropa sucia debe lavarse en casa y no al aire libre».

Así lo expresó Gloria Bresciani, interceptada mientras hablaba con otro empleado de Uber Italia.

Quedó destituida de su cargo de la empresa, al intervenir judicialmente a Uber Eats por la ley de responsabilidad administrativa.

El 22 de octubre comenzará la audiencia en la Sección de Medidas de Prevención.

Bresciani está acusada de contratación ilegal en connivencia con Giuseppe y Leonardo Moltini y Danilo Donnini, gerentes de las firmas de corretaje Frc y Flash Road City.

Los cuatro, indica el fiscal, «en connivencia entre sí y con otras personas no identificadas utilizaron, emplearon y reclutaron motociclistas encargados de transportar productos alimenticios a casa, contratándolos en las empresas Flash Road City y FRC srl, y luego los destinaron a trabajar en el grupo Uber en condiciones de explotación”.

«Aprovecharon el estado de necesidad de los trabajadores, migrantes solicitantes de asilo, residentes en centros especiales de acogida y procedentes de zonas de conflicto (Malí, Nigeria, Costa de Marfil, Gambia, Guinea, Pakistán, Bangladesh) y por tanto en condiciones de extrema vulnerabilidad y aislamiento social».

En particular, a los trabajadores «se les pagaba a destajo de 3 euros por entrega, independientemente de la distancia a recorrer (recogida en el restaurante y entrega final al cliente), el tiempo, la franja horaria (día / noche y festivos) y por tanto en desproporcionado a la cantidad y calidad del trabajo realizado».

También se les “robaron propinas” que los clientes dejaban espontáneamente a los repartidores como prueba de la calidad del servicio prestado”.

Y nuevamente «sancionado» mediante «una reducción arbitraria (denominada malus) de la tarifa pactada, si los riders no cumplían las instrucciones dadas».

En la escritura, el Ministerio Público también informó un «prospecto» para mostrar el pago semanal en relación con las horas trabajadas para algunos pasajeros.

Uno de ellos, por ejemplo, por una semana de trabajo en mayo por un total de «68 horas» de entregas había recaudado sólo «179,50» euros y había sufrido un «malus», es decir una rebaja de 24,5 euros.

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