El ‘tardofranquismo’ judicial ataca ahora a Ada Colau
Tal como publicamos en su día un artículo de Germán Gorraiz López sobre el lobby tardofranquista judicial, el establishment del Estado español estaría formado por las élites financiero-empresarial, política, tardofranquismo judicial, militar, jerarquía católica, universitaria y mass media del Estado español, herederos naturales del legado del General Franco que habrían fagocitado todas las esferas de decisión.
Hoy mismo el juez Juan José Escalonilla ha archivado la causa contra Podemos por los presuntos sobresueldos, en referencia a la denuncia presentada sin pruebas por José Manuel Calvente en diciembre de 2019.
El grupo ultra Abogados por la Constitución, que preside un ex candidato de Unión Progreso y Democracia (UPyD) vinculado al sector inmobiliario, ha denunciado a Ada Colau y otros concejales del Ayuntamiento de Barcelona por subvencionar a entidades sociales y de derechos humanos como la Plataforma de Afectadas por la Hipoteca (PAH), Aliança contra la Pobresa Energètica o Aigua és Vida, entidades sociales y de derechos humanos reconocidas por su trabajo en parar desahucios o evitar cortes de agua y luz a familias necesitadas.
Las ayudas por parte del Ayuntamiento de Barcelona se están otorgando de manera reglada desde el comienzo del mandato de Ada Colau, con todos los informes favorables de los servicios jurídicos y ajustados a derecho. Asimismo, estas entidades colaboraban y recibían subvenciones del Ayuntamiento antes de la llegada de Colau al consistorio.
El tardofranquismo judicial ataca de nuevo
No es la primera denuncia que recibe el espacio político que lidera Ada Colau en Barcelona.
Entre 2015 y 2021 se han enfrentado a más de 10 querellas que han acabado archivadas.
Entre estas denuncias figuran algunas como las de la multinacional AGBAR, fondos buitre como Vauras o MKPremium, especuladores y promotores inmobiliarios o recursos contra algunas de las medidas estrella del mandato de Ada Colau como la del dentista público municipal, siendo todas ellas desestimadas.
Así lo han señalado fuentes de los Comuns en declaraciones a Spanish Revolution:
«Se trata de una campaña de acoso y derribo por parte de la derecha y sus brazos económicos, judiciales y mediáticos para intentar frenar las políticas que están transformando la ciudad».
Todas las denuncias han sido respuestas judiciales a las políticas de vivienda, participación o salud impulsadas por el gabinete de Ada Colau.
«Para ellos estas denuncias tienen como objetivo desgastar a los Comuns, criminalizar a los movimientos sociales y frenar las políticas transformadoras que comenzaron en Barcelona hace ya casi 6 años».
¿Se está gestando un Golpe blando en España?
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