Archivada otra denuncia contra Podemos, esta vez la de los presuntos sobresueldos
El juez Juan José Escalonilla, ha acordado el archivo de la causa abierta contra Podemos en lo relativo a la existencia de presuntos sobresueldos irregulares cobrados por Rocío Esther Val y por Daniel de Frutos, quienes ostentan respectivamente los cargos de gerente y responsable de Finanzas y Transparencia en el partido.
Considera que consta acreditado que el Consejo de Coordinación conocía las retribuciones y por ello no cabe hablar de un delito de administración desleal, según razona el auto dictado por el Juzgado de Instrucción número 42 de Madrid.
Este asunto constituye uno de los hechos ilícitos que puso sobre la mesa el ex abogado de Podemos José Manuel Calvente en la denuncia que presentó sin pruebas en diciembre de 2019.
Se trataba de dos complementos integrados en sus nóminas cuya legalidad se cuestiona en la denuncia de Calvente: por Coordinación por importe de 210,32 euros, y por Coordinación Ejecutiva por importe de 400 euros. Estos complementos fueron aplicados también a otros trabajadores no denunciados por Calvente, según consta en la documentación y nóminas aportadas por el partido.
La resolución relata que fue la propia Val, en su condición de gerente la que decidió crear dichos dos complementos salariales, tal y como así reconoció expresamente en su declaración como investigada, aludiendo como marco normativo que le facultaba para ello al Reglamento General Interno del partido y el techo de gasto salarial recogido en los presupuestos de dicho partido.
Añade el juez que los cargos tanto de Val como de De Frutos son cargos ejecutivos del partido que se rigen por la tabla salarial aplicable al resto de empleados, siendo aplicado por dicho partido político para la remuneración de sus trabajadores el Convenio Colectivo del Sector de Oficinas y Despachos de la Comunidad de Madrid que contempla cuatro grupos de trabajadores.
«Por lo tanto no resulta de aplicación a dichos dos investigados los límites salariales aplicables a los cargos electos de tres salarios mínimos interprofesionales establecido en el año 2.019 por el Código Ético de Podemos citado en la denuncia inicial».
Finalmente, y respecto de otro punto de la denuncia sobre el reembolso o reintegro de gastos presentados para su abono por los dos cargos mencionados, el juez señala que basta examinar la documentación aportada para comprobar que dichos gastos fueron aprobados por el Equipo de Finanzas y Transparencia en el caso de Daniel de Frutos y por el Área de Gerencia en el caso de Rocío Esther Val.
«Por lo tanto no se tratan de gastos unilateralmente cargados por dichos investigados, sino de gastos aprobados en sus respectivas áreas, por lo que no cabe apreciar indiciariamente irregularidad alguna».
Esta decisión supone una querella más archivada contra la formación morada, que ya se ha enfrentado a más de una docena impulsadas por miembros relacionados con la derecha y la ultraderecha.
De facto, la estrategia elegida por Calvente era conocida a la interna del partido: se detectaba el mismo modus operandi que llenó portadas con falsas informaciones contra Podemos en el pasado, gracias a filtraciones interesadas y a un grupo de supuestos informadores que publican noticias por encargo.
Mientras la Guardia Civil manejaba las actuaciones y antes de que comenzara la instrucción judicial, los rumores de Calvente se filtraron de forma coordinada en medios como El Confidencial, Vozpópuli, El Mundo o Libertad Digital, siempre bajo la firma de sus periodistas de confianza: José María Olmo, Tono Calleja, Alejandro Requeijo, Esteban Urreiztieta y Miguel Ángel Pérez.
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