El juez Alba no se presenta en prisión y será puesto en busca y captura
El juez Salvador Alba, condenado por corrupción a seis años y medio de prisión y a 18 de inhabilitación por conspirar contra la la jueza Victoria Rosell, sigue haciendo todo lo posible para evitar entrar en prisión.
El plazo vencía este viernes por la tarde a las 17:35 (hora de Canarias). Ayer, justo 24 horas antes, la Policía notificó personalmente a Alba -como reconoce su letrado en las alegaciones de este viernes- que sus recursos han sido desestimados y que se le daba un plazo de «un día» para ingresar de forma voluntaria en un centro penitenciario, o se darían instrucciones a las fuerzas del orden para que lo llevaran preso.
Expirado el plazo este viernes sin que se haya presentado, lo más probable es que el TSJC emita el lunes una orden de busca y captura a la policía para que localicen a Alba.
La corrupción del juez Alba
Alba tiene pendiente de cumplir la condena de seis años y medio de cárcel que le impuso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en 2019 por haber manipulado una instrucción penal para perjudicar a la juez Victoria Rosell, cuando ésta era diputada de Podemos en el Congreso, sentencia que es firme desde el pasado mes de noviembre. Alba está obligado a cumplir condena por prevaricación, cohecho y falsedad.
El juez Alba decidió tumbar a la diputada de Podemos a través de una causa que la jueza había investigado contra un empresario, y que más tarde pasó a manos de Alba. Este decidió usar la instrucción para desprestigiarla y salvar al empresario, a quien se investigaba por no pagar a Hacienda. Un caso de lawfare, que ahora ha quedado plasmado en una sentencia que condena a Alba a seis años y medio de cárcel.
Entre las cloacas judiciales, la política destructiva y el acoso y derribo de la massmedia, Rosell tuvo que abandonar la política, a la que solo pudo regresar cuando el juez Alba fue condenado por primera vez por el Tribunal Superior de Justicia de Canarias, en septiembre de 2019.
Victoria Rosell sigue ejerciendo como delegada del Gobierno contra la Violencia de Género en Canarias, a la que Alba tendrá que indemnizar con 60.000 euros.
