El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, rechaza valorar la amnistía pese a la presión de los fiscales del 1-O
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha rechazado pronunciarse sobre la amnistía hasta que se apruebe la ley y se publique en el Boletín Oficial del Estado (BOE), un posicionamiento que, en todo caso, será «técnico-jurídico».
También se ha mantenido al margen de los pactos del PSOE con Junts y las referencias al lawfare. Todo ello, tras la presión de los fiscales del 1-O, que han exigido que se les defienda ante los pactos del PSOE con los independentistas. «El Fiscal General de Estado debe mantener una posición pública que refuerce el principio de imparcialidad», ha dicho.
En una carta remitida a los fiscales Fidel Cadena, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Javier Zaragoza, así como a todos los miembros de la carrera fiscal, ha dicho que «cualquier posicionamiento del Ministerio Público respecto a una futura amnistía de los hechos ocurridos en Catalunya en relación con el proceso independentista exige conocer la definitiva norma que la regule una vez forme parte de nuestro ordenamiento después de su pública en el BOE”.
En la misiva, García subraya que el ministerio fiscal «debe respetar el principio de separación de poderes consustancial al estado de derecho y evitar cualquier injerencia en las funciones constitucionalmente atribuidas a cada uno de los tres poderes del Estado».
En este sentido, recuerda que la norma estatutaria de la Fiscalía prevé como una de sus primeras funciones la de “velar por el respeto de las instituciones constitucionales y los derechos fundamentales y libertades públicas con cuántas actuaciones exija su defensa”.
También añade que «la observancia del derecho vigente y la sujeción al principio de legalidad constituyen mandatos imperativos para el ministerio fiscal», y admite que esto ocurre a veces «en las más difíciles condiciones». «Lo que aumenta el valor añadido del cumplimiento de la misión constitucional que los fiscales de nuestro país tienen encomendada», sostiene.
García concluye la carta remarcando que el fiscal general del Estado «velará siempre por la autonomía» de los fiscales «en defensa de la legalidad, de los valores y principios constitucionales y de las instituciones democráticas».
