El Tribunal Constitucional avala la ley de amnistía con una votación dividida
La amnistía es constitucional. Así lo ha dictaminado este jueves el pleno del Tribunal Constitucional (TC), que ha validado la norma con el respaldo de los seis magistrados progresistas, frente a la oposición de los cuatro conservadores. Se trata de un fallo histórico que respalda la ley del perdón aprobada por el Congreso hace poco más de un año, aunque el recorrido legal y político de la norma aún no ha concluido.
El Constitucional responde al primer recurso: el del Partido Popular
El TC ha resuelto el primer recurso de inconstitucionalidad, presentado por el Partido Popular, en una sesión que también ha servido para debatir las últimas modificaciones del borrador elaborado por la vicepresidenta del tribunal, Inmaculada Montalbán.
El texto final mantiene que la amnistía es conforme a la Constitución, al entender que responde a un conflicto constitucional legítimo, y que no vulnera el derecho comunitario, ni en materia antiterrorista ni en lo relativo a las órdenes europeas de detención y entrega.
El informe no considera la ley arbitraria ni caprichosa
El borrador avalado considera que la ley no es «arbitraria» ni fruto de un «capricho» político, aunque sí acepta tres matices sugeridos por el PP:
- Acotar la amnistía a hechos posteriores al 13 de noviembre de 2023
- Incluir las protestas sociales dentro del perdón
- Archivar un procedimiento ante el Tribunal de Cuentas
¿Y qué pasa con Puigdemont y Junqueras?
El aval del Constitucional no afecta directamente a figuras clave del proceso independentista como Carles Puigdemont u Oriol Junqueras. Tampoco modifica la situación de otros líderes como Jordi Turull, Toni Comín, Raül Romeva o Dolors Bassa.
El motivo principal es que el delito de malversación —uno de los puntos centrales del debate— no ha sido incluido en este recurso. El Tribunal Supremo ha considerado que existió enriquecimiento personal, lo que afectaría a intereses de la Unión Europea y, por tanto, quedaría fuera de los supuestos de amnistía.
Puigdemont y Comín acudirán al Constitucional
La defensa de Carles Puigdemont ha confirmado que presentará en breve un recurso de amparo ante el TC, solicitando medidas cautelares que suspendan su orden de detención y le permitan regresar a Catalunya sin riesgo de prisión. El abogado Gonzalo Boye dispone de 20 días hábiles para formalizar la petición.
El objetivo del recurso será lograr que el Constitucional suspenda la orden de captura dictada por el juez Pablo Llarena, en vigor en todo el territorio español. Según Boye, la sentencia del TC establece que nadie puede dejar de cumplir la ley, por lo que confía en que las medidas cautelares sean aceptadas.
Una votación histórica en un pleno dividido
El Constitucional ha dedicado toda la semana a debatir este asunto en un macropleno centrado exclusivamente en la ley de amnistía. Se eligió el recurso del PP por ser el más amplio y complejo, al abordar frentes políticos, jurídicos y sociales.
El bloque progresista rechazó esperar a un pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) y defendió que las amnistías encajan dentro del marco constitucional español. En cambio, el sector conservador apostaba por aplazar la decisión, señalando la gravedad del tema y la posible intervención europea.
Aunque no se registraron enfrentamientos abiertos, algunos magistrados manifestaron en privado que la sentencia parecía ya decidida de antemano.
Sánchez defiende el valor político de la ley
Desde la cumbre de la OTAN en La Haya, el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha celebrado el fallo como una victoria para la política:
“La política se reivindica con esta sentencia como herramienta para la transformación y la convivencia.”
Sánchez también aseguró que, a pesar de las críticas y los costes políticos, «ha merecido la pena» impulsar esta ley como vía para resolver el conflicto catalán por medios democráticos.
El Constitucional aún debe resolver 30 recursos más
El fallo de este jueves solo resuelve uno de los más de 30 recursos interpuestos contra la ley, que serán tratados después del verano. Entre ellos, se encuentran:
- Recursos de las comunidades autónomas gobernadas por el PP, entre ellas la Comunidad de Madrid
- El de Castilla-La Mancha, liderada por el «socialista» García-Page
- Impugnaciones del Tribunal Supremo, la Audiencia Provincial de Madrid y el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC)
Algunos de estos recursos alegan que la norma viola el principio de igualdad ante la ley, y desde el entorno del magistrado Manuel Marchena ya se ha advertido que, si fuera necesario, llevarán el caso ante los tribunales europeos.
