El Congreso aprueba la limitación de funciones del CGPJ
El Pleno del Congreso de los Diputados votará este jueves la propuesta de Unidas Podemos y PSOE para reformar el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) de modo que no pueda hacer nombramientos discrecionales en la cúpula judicial una vez expirado su mandato. La previsión es que, tras su aprobación y su paso por el Senado, los cambios estén en vigor en el mes de abril.
Se espera que los grupos parlamentarios sigan la estela de sus votaciones en la Comisión de Justicia y que el Pleno dé luz verde a la proposición de ley. Eso sí, al tratarse de una ley orgánica el PSOE y Unidas Podemos necesitarán reunir mayoría absoluta, 176 diputados.
Después el texto pasará a Senado donde, también se intentará acelerar la tramitación para que la reforma pueda quedar aprobada en el plazo de un mes y así entrar en vigor con su publicación en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
La propuesta de los socios de Gobierno ha ido superando todos los escollos en la Cámara Baja en una tramitación urgente acordada por la Mesa del Congreso, que también habilitó el mes de enero con este fin.
El objetivo de la reforma, según el texto de la iniciativa legislativa, es establecer el régimen jurídico aplicable al Consejo General del Poder Judicial cuando la composición del mismo no se renueve en el plazo establecido por la Constitución, abocando al órgano constitucional a continuar en funciones hasta su renovación.
Para Podemos y PSOE, el hecho de que la Ley orgánica del Poder Judicial (LOPJ) no regule las funciones de un CGPJ caducado es una laguna jurídica que constituye sin duda un déficit en el diseño constitucional del Estado que debe ser corregido.
En concreto, proponen que un CGPJ vencido no pueda nombrar presidentes del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional, los Tribunales Superiores de Justicia y las Audiencias Provinciales, entre otros cargos de la cúpula judicial.
En cambio, plantean que conserve aquellas facultades que resultan necesarias para garantizar el normal funcionamiento del órgano y no impliquen una injerencia en las legítimas atribuciones del Consejo entrante para evitar la parálisis de la Justicia.
La Mesa del Congreso acordó el pasado 2 de febrero rechazar la petición del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la tramitación de la reforma que plantearon Podemos y PSOE para limitar sus funciones mientras no sea renovado, y recordó al órgano de gobierno de los jueces que no tiene legitimidad para reclamar al Poder Legislativo que revise sus decisiones.
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