¿Existe el lobby tardofranquista judicial?

El CGPJ pone pegas a la Ley de fundaciones franquistas

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado con 15 votos a favor y 6 en contra el informe realizado por los vocales Roser Bach y Wenceslao Olea sobre el Anteproyecto de ley de Memoria democrática.

El texto se muestra muy crítico con algunos aspectos de la norma al considerar que vulneran la libertad de expresión.

Para los vocales, la apología franquista que puedan realizar determinadas fundaciones está amparada por la ley siempre que no se humille a las víctimas.

El asunto ha llegado este lunes al Pleno del órgano de gobierno de los jueces con un segundo borrador, después de que la falta de acuerdo entre los dos ponentes designados inicialmente para elaborar su informe al anteproyecto de ley, que en todo caso no es vinculante para el Gobierno.

Entre los reparos que pusieron de manifiesto los vocales del Consejo Fiscal más conservadores estaba la indefinición en la que la ley deja la labor que deben realizar los fiscales en este ámbito.

En el caso de la ponencia que se ha discutido en el CGPJ, los mayores reparos se sitúan en la disposición adicional quinta del Anteproyecto, que establece como causa específica de extinción de las fundaciones «la apología del franquismo o la incitación directa o indirecta al odio o violencia contra las víctimas del golpe de Estado, de la guerra o del franquismo, por su condición de tales».

El dictamen, que ha salido adelante sin modificaciones, ha obtenido el voto de 15 de los 21 vocales que integran el Pleno.

En el informe se hace también referencia al hecho de que se incluya como nueva causa general de extinción de fundaciones que estas «no persigan fines de interés general o realicen actividades contrarias al mismo» y pide suprimir dicha previsión.

El CGPJ pone pegas a la Ley de fundaciones franquistas