El ayuntamiento de Barcelona expropia un piso del BBVA que tenía vacío
El Ayuntamiento de Barcelona ha expropiado por primera vez el uso de un piso propiedad del BBVA que llevaba más de dos años vacío.
El consistorio se ha valido de la ley catalana de protección de la vivienda de 2016, cuya suspensión levantó el Tribunal Constitucional en marzo, para asumir el uso de este piso durante los próximos diez años.
La nueva concejal de Vivienda de la ciudad, Lucía Martín, ha explicado que esta expropiación de uso es la primera que se lleva a cabo en la ciudad y que hay otros siete procedimientos abiertos a entidades como Caixabank, BBVA, Sareb y Bankia.
Con la aprobación de la ley en el Parlament, en 2016, se llegaron a abrir 16 expedientes en este sentido, pero la suspensión temporal del TC conllevó el cierre de varios de ellos.
El piso expropiado, que se encuentra en la calle Palerm del Besòs, forma ya parte del parque de vivienda pública de la ciudad, aunque contra el proceso cabe recurso por parte de la propiedad.
Martín ha recordado que las iniciativas disciplinarias del Ayuntamiento en materia de vivienda no tienen como objetivo sancionar a los grandes propietarios, sino que sus pisos recuperen su función social. Es decir, que estén ocupados por familias.
Para comprobar si un piso está vacío, el consistorio lo comprueba con los certificados de agua y luz, con el empadronamiento y, posteriormente, con una inspección.
Lo más complicado sin embargo no es demostrar que el piso no está ocupado en el presente, sino que no lo haya estado en los dos años anteriores, el tiempo mínimo que marca la ley para permitir la expropiación.
Una vez hecha la comprobación, la Administración debe acreditar que el piso se encuentra en una zona de «fuerte» demanda residencial.
El proceso no excluye además que el consistorio deba abonar un justiprecio al propietario, que en este caso será de 10.000 euros.
Multa por no ofrecer alquiler social
Martín también ha anunciado que han abierto el primer expediente sancionador a un gran propietario por no haber ofrecido alquiler social a una familia vulnerable del Raval antes de desahuciarla.
La multa podría alcanzar los 90.000 euros.
En este caso, han aplicado el artículo 5.2 de la ley 24/2015 de emergencia habitacional. Tanto esta como la ley de 2016 son las que tenían recursos al Constitucional por parte del Gobierno de Rajoy que el posterior ejecutivo de Sánchez decidió retirar.
El Ayuntamiento ha detallado que en la actualidad hay unos 300 casos abiertos que deberían pasar antes del desahucio por una oferta de alquiler social. Las entidades sociales como la PAH, promotoras de la ley antidesahucios, destacan este artículo como uno de los más útiles para evitar la exclusión residencial.
El ayuntamiento de Barcelona expropia un piso del BBVA que tenía vacío
