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La Audiencia Nacional admite a trámite la querella contra Uber interpuesta por Élite Taxi

El Juzgado Central de Instrucción número 2 ha admitido a trámite la querella contra Uber interpuesta por Élite Taxi el pasado día 26 de septiembre. La multinacional será juzgada por los delitos de estafa, vulneración de los derechos de los trabajadores, fraude a la Seguridad Social y organización criminal, entre otros, según las diligencias previas a las que ha tenido acceso Timis Local News.

La querella criminal fue interpuesta por los servicios jurídicos de Élite Taxi Barcelona, con el apoyo de Riders x Derechos y Taxi Project 2.0.

La utilización de la figura de los Riders como falsos autónomos por empresas como Uber Eats y Glovo, está tipificada el el Código Penal como delito a partir de que entró en vigor la Ley Rider, por lo que puede llegar a ser castigada con penas de prisión.

Por dichos cargos irán a juicio Anabel Díaz, directora general de Uber en Europa, Oriente Medio y África; Felipe Fernández de Aramburu, actual director general de Uber España y Portugal y Juan Galiardo Sosa, director de Uber España.

Las entidades acusan a la empresa de su poder decisorio, para la creación de un modelo de fraude y lucro ilícito de la compañía, utilizando falsos autónomos para simular trabajos en su beneficio y perjuicio de los trabajadores, a los que engañó aprovechando la necesidad de trabajo existente y vulnerabilidad.

Todo lo cual se encuadraría en los delitos de estafa, delitos contra los derechos de los trabajadores, contra la Hacienda Pública y contra la Seguridad Social, dentro de una posible organización criminal.


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Querella contra Glovo

A finales del pasado mes de septiembre el Observatorio de Trabajo, Algorítmico y Sociedad (TAS), en colaboración con la plataforma Riders x Derechos y Taxi Project 2.0, presentaron también una querella contra Glovo por presuntos delitos contra la hacienda pública, contra la Seguridad Social, delitos de estafa, y delitos contra los derechos de los trabajadores.

Los querellantes han exigido que la Agencia Tributaria requiera a la empresa los Impuestos de Sociedades, declaraciones del IVA y las declaraciones del impreso 347 desde su constitución hasta la actualidad.

También se pide a la Seguridad Social que aporte las inspecciones practicadas a Glovo y las resoluciones de regularización de las cuotas de autónomo a laboral y su estado de cobro para determinar el número de trabajadores declarados falsos autónomos.