Anticorrupción pide hasta 21 años de cárcel por el caso del 3% de CDC
La Fiscalía Anticorrupción ha pedido hasta 21 años de cárcel y 4,6 millones de euros de multas a responsables de Convergència Democràtica de Catalunya, CDC, por el caso del 3% entre 2008 y 2012 por corrupción y financiación ilegal.
En el escrito de acusación dirigido a la Audiencia Nacional, pide que una de las multas, de 3 millones, la pague el PDeCAT, al que considera heredero jurídico de CDC y, por tanto, responsable.
Los delitos que atribuye a 30 personas y a 14 empresas son los de organización criminal, cohecho, fraude a la administración, corrupción entre particulares, tráfico de influencias, prevaricación y blanqueo.
Las penas más altas las pide para el extesorero de CDC Andreu Viloca, 21 años y 4 meses de cárcel, y para el ex gerente Germà Gordó, 18 años y 10 meses.
A Gordó la Fiscalía le achaca haber estado «durante años el contacto de los contratistas con la administración pública catalana y CDC» al margen de la legalidad.
Y a Viloca, «la triangulación con autoridades y empresarios, y los pagos a las fundaciones» de CDC, aprovechando que también era el tesorero de la Fundación CatDem.
Financiación del partido a cambio de adjudicaciones
Según la Fiscalía ambos dirigían un entramado que tenía como objetivo que las empresas financiaran irregularmente el partido a cambio de adjudicaciones públicas.
Esto habría ocurrido en varias administraciones que controlaba el partido durante ese período, la propia Generalitat, diputaciones o ayuntamientos:
«Influían en sus responsables para conseguir que los concursos fueran adjudicados a las empresas conniventes, cuyos responsables propiciaban y autorizaban hacer llegar dinero al partido».
En más de la mitad del periodo investigado, de 2008 a finales de 2010, la Generalitat estuvo gobernada por el segundo tripartito presidido por el socialista José Montilla, mientras en 2011 y 2012 sí estuvo bajo el control de Convergència i Unió.
Actuación sistemática en época de Artur Mas
El fiscal José Grinda afirma que entre aquellos años, y con Artur Mas como secretario general, CDC realizó «una actuación sistemática» para financiar el partido, con diferentes variantes.
Una sería la alteración de los concursos públicos para «dirigirlos hacia las empresas de los acusados», pero también se habría instaurado un sistema de adjudicación muy discrecional y arbitrario.
El escrito del fiscal también afirma que a menudo las donaciones de las empresas estaban «vinculadas directamente» a adjudicaciones, pero en otros se hacían para «crear o mantener una buena relación con CDC».
El PDeCAT, «cambio de apariencia» con CDC
La Fiscalía pide la multa al PDeCAT porque considera que «lejos de ser un nuevo partido» independiente de CDC, es «la mera transformación o cambio de apariencia de una misma realidad».
También asegura que esto se hizo «con el fin de desconectarse de las responsabilidades en las que pudo incurrir la formación política precedente, CDC».
Otras peticiones de la Fiscalía
El escrito pide catorce años para Carlos del Pozo Cerdà, responsable del área económica de CDC, y diez años para Anna Dolors Benítez, responsable financiera del partido.
También diez años para Josep Antoni Rosell, ex director general de Infraestructures.cat, y cinco para Joan Lluís Quer, ex directivo de esta empresa pública.
Para Antoni Vives, exconcejal de CDC en el Ayuntamiento de Barcelona, la petición es de seis años y un mes, y cuatro y medio para Sixte Cambra, expresidente del Puerto de Barcelona.
En cambio para el también extesorero de CDC Daniel Osàcar se pide año y medio, sustituible por trabajos en beneficio de la comunidad.
Entre los empresarios, destaca la petición de diez años de cárcel para Jordi Sumarroca, mientras que para Josep Maria Bassols, directivo de la constructora Oproler, piden un año y nueve meses.
