La ex responsable legal de Glovo señala a su consejero delegado, Óscar Pierre, por las decisiones laborales
La antigua responsable del área jurídica de Glovo, Marita R., compareció este miércoles ante el Juzgado de Instrucción número 31 de Barcelona en el marco de la investigación por presuntos delitos contra los derechos de los trabajadores. La causa, impulsada por una denuncia de la Fiscalía y la asociación de presión Taxi Project 2.0, también apunta directamente al consejero delegado de la plataforma, Óscar Pierre.
Durante su declaración, Marita R. explicó que no tenía autoridad directa sobre las cuestiones laborales, asegurando que las decisiones se adoptaban tras recibir asesoramiento del despacho Oleart Abogados, aunque insistió en que la decisión final siempre recaía en Pierre. Este testimonio difiere notablemente del ofrecido meses antes por Laila S., exdirectora de recursos humanos, quien evitó responsabilizar al CEO y afirmó que las directrices procedían del propio departamento legal.
El origen del conflicto: el estatus laboral de los repartidores
Según la versión de la exjefa legal, Glovo no regularizó a sus repartidores a pesar de las advertencias de la Inspección de Trabajo y de la sentencia de 2021 que obligaba a hacerlo. La compañía defendió en su momento que había rediseñado su plataforma digital, interpretando que el nuevo sistema cumplía con la normativa vigente. Sin embargo, las autoridades laborales discrepan y mantienen abiertas sus sospechas sobre el modelo aplicado.
Una de las acusaciones particulares ha solicitado que el caso sea remitido a la Audiencia Nacional, petición que el juez deberá resolver en las próximas semanas.
Multas millonarias y un modelo empresarial cuestionado
La empresa, actualmente controlada por el grupo alemán Delivery Hero, acumula numerosas sanciones y procedimientos judiciales por haber mantenido a miles de repartidores como falsos autónomos. En junio, el Juzgado de lo Social número 11 de Barcelona dictó una sentencia que obliga a regularizar a 3.572 trabajadores que operaron entre 2016 y 2018 bajo este esquema.
Las cotizaciones no abonadas y las multas impuestas por la Inspección de Trabajo se estiman en unos 200 millones de euros. Además, en 2024 la Fiscalía presentó una denuncia penal para determinar la responsabilidad directa de la cúpula de Glovo, intensificando así la presión sobre la compañía.
Élite Taxi, Taxi Project y Riders x Derechos se querellan contra Uber Eats
Una creciente presión sobre el sector del reparto
El debate sobre la regularización de los repartidores continúa en el centro del panorama laboral. Recientemente, la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, advirtió a Uber Eats de que podría enfrentarse a una querella penal si no abandona la práctica de utilizar falsos autónomos, en cumplimiento de la Ley Rider.
Glovo se mantiene como el caso más representativo de este conflicto entre innovación tecnológica y precariedad laboral, un ejemplo que ilustra los desafíos regulatorios de las nuevas plataformas digitales en España.
