Un aplauso al Gobierno del PP por los «trabajadores esenciales sin derechos»
En regímenes desigualitarios como el nuestro, donde las oportunidades se esfuman para la mayoría, una sociedad se define por su capacidad de proteger a quienes nos protegen.
En este contexto, la categoría que se ha puesto al uso de “trabajadores esenciales” actualiza una antigua dimensión de la injusticia.
La mayoría de los trabajadores a quienes se les da este estatus desempeñan empleos precarios, con las debidas excepciones que confirman la regla, bajo el desamparo de las mismas instituciones que hoy los reconocen como imprescindibles.
El desarrollo de las sociedades puede determinarse según el grado de libertad de sus habitantes, por lo tanto, la crisis hace razonable complementar esta hipótesis:
Este desarrollo también se refleja en la forma en que tratamos a los denominados trabajadores esenciales.
En los llamados servicios esenciales se encuentran los trabajadores del transporte, supermercados, actividades agropecuarias, repartidores a domicilio y las personas “que deban asistir a otras”.
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De ellos, las aplicaciones Glovo, Uber Eats y Deliveroo, “deben asegurar una continuidad” en caso de confinamiento, las mismas empresas en las que no se ha definido ni el estatus contractual ni los derechos laborales de sus empleados.
Ni que decir tiene, que el sector del taxi es un servicio público consumado, pero, ¿lo es igual los servicios de transporte de Cabify y Uber?
La comunidad de Madrid y la Junta de Andalucía defienden a capa y espada los servicios de estas empresas transnacionales que no ofrecen ningún tipo de seguro ni asistencia a sus trabajadores.
Prueba de ello es que los están protegiendo en una crisis sanitaria, en la que los citados unicornios se están favoreciendo económicamente, pero no así sus empleados, los conductores.
Esenciales son también los trabajadores del cuidado de los mayores, abandonados en la precariedad desde siempre y sin reconocimiento legal.
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¿Qué tal los sanitarios?
Entre los trabajadores más expuestos al contagio del coronavirus, están los de los servicios sanitarios, quienes “están en primera línea, luchando contra el virus”, grupo compuesto en un 70% por mujeres.
Nóminas que en la mayoría de los casos no sobrepasan los 1.000 euros y que al cerrar el pabellón de Ifema se les ha dado una patada en el culo y eso sí, también un gran aplauso.
La categoría de trabajadores “esenciales” nos invita a una discusión ética sobre las condiciones y el valor del trabajo.
Los trabajadores de la mayoría de los servicios clave han estado durante décadas en contextos laborales precarios.
Resultaría interesante indagar por qué de forma tan sistemática no hemos garantizado condiciones básicas de bienestar a quienes hacen de nuestras ciudades un lugar mejor.
La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, defiende la entrada de la región en la fase 1 de la desescalada del confinamiento del estado de alarma decretado por el coronavirus por motivos económicos pese a los criterios técnicos en contra de su propia Consejería de Sanidad y el rechazo del Gobierno central a su petición.
Así lo declara en el Diario El Mundo, donde sale fotografiada como la Virgen de Mayo.
El reconocimiento del carácter de imprescindible de muchos trabajos precarios contra un trasfondo de abandono institucional demuestra a quién traspasa el gobierno los costos de la crisis, así como la profunda fractura social.
Esto hace previsible la conversión en el corto plazo de esta crisis sanitaria en una nueva crisis política, y sugiere retomar la discusión sobre la superación del actual modelo considerando la fragilidad del escenario económico que se avecina.
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Las prácticas discriminatorias presentes en la sociedad se han expresado con más fuerza durante la crisis por COVID-19, develando las raíces del actual “régimen desigualitario”, comprendido como “el conjunto de discursos y de mecanismos institucionales que buscan justificar y estructurar las desigualdades económicas, sociales y políticas”.
A todas luces, el régimen del Partido Popular que dejó en pelotas las arcas del Estado y llevó a la más profunda precariedad al sector sanitario, se ha consolidado no sólo en el ordenamiento jurídico, sino en buena parte de la contra cultura.
Retomar una agenda económica suficiente puede resultar fundamental en esta nueva etapa, así como no olvidar a los trabajadores y migrantes claves en este contexto, muchos de ellos explotados por las transnacionales buitres.
A las trabajadoras que realizan tareas del cuidado de los mayores, a los sanitarios, a los repartidores -los explotados Riders-, transportistas, taxistas, cocineros, pequeños comerciantes y, en síntesis, a todos aquellos trabajos esenciales y precarizados que han sostenido el país en tiempos en que la incertidumbre le empata el partido a la esperanza.
¿Merece un aplauso el Gobierno del PP por los «trabajadores esenciales sin derechos»?
