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Sumar se querella contra el presidente del CGPJ y nueve vocales por posicionarse sobre la amnistía

Sumar presentará este viernes ante el Tribunal Supremo una querella contra el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Vicente Guilarte, y nueve vocales del órgano.

La entidad de Yolanda Díaz ha decidido dar este paso a raíz del posicionamiento expresado por el CGPJ sobre la amnistía en los encausados ​​del Procés, ya que consideran que los magistrados podrían haber cometido un delito de prevaricación con su decisión de convocar un pleno extraordinario del que salió una declaración institucional criticando una eventual ley.

Sumar recuerda además que en el momento en que el CGPJ se posicionó la propuesta de ley, todavía no se había registrado ni hecho pública. El pleno del CGPJ mostraba su «preocupación y desolación intensa» por la «degradación» o, incluso, la «abolición» que supondría una ley general de perdón por el estado de derecho en España.

«Confundir el interés de España con el interés del presidente del gobierno en funciones para evitar la formación hipotética de gobiernos de partidos de una ideología distinta a la suya es algo manifiestamente incompatible con la alternancia política», alertaban. La nota difundida a los medios de comunicación contó con el apoyo de nueve magistrados, el voto en contra de cinco y la abstención de uno.

El Lawfare

La declaración se sumaba a la de las asociaciones de jueces del Estado, que rechazan las referencias al Lawfare que aparecen en el acuerdo del PSOE con Junts para la investidura de Pedro Sánchez.

El PSOE reaccionó precisando que el acuerdo no contempla comisiones de investigación para detectar casos de Lawfare sino que se refiere a las comisiones que se acordaron cuando se negoció la mesa del Congreso: la reactivación de la comisión de investigación sobre la Operación Catalunya (sobre el uso ilegal de medios públicos para perjudicar a rivales políticos con denuncias falsas) y una nueva comisión sobre Pegasus. Según las mismas fuentes, se acuerda que las conclusiones, como toda comisión de investigación, incluirán recomendaciones de medidas concretas y legislativas.