Un juez federal bloquea las detenciones de inmigrantes por parte del ICE en los tribunales de todo Estados Unidos
Un importante revés judicial para la política migratoria de la Administración de Donald Trump ha llegado desde California. Un juez federal ha ordenado la suspensión a nivel nacional de las detenciones realizadas por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en los tribunales de inmigración, una práctica que había generado una fuerte controversia entre organizaciones defensoras de los derechos de los migrantes.
La Justicia considera la medida “arbitraria y caprichosa”
La resolución ha sido dictada por el magistrado P. Casey Pitts, del Tribunal Federal del Distrito Norte de California. En su fallo, el juez concluye que las políticas impulsadas por el Gobierno para permitir arrestos en los juzgados de inmigración carecen de una justificación sólida y suficiente, calificándolas de “arbitrarias y caprichosas”.
La decisión anula las directrices que permitían a los agentes del ICE esperar a los inmigrantes en los pasillos de los tribunales para detenerlos una vez finalizadas sus audiencias, una práctica que se había intensificado durante el segundo mandato de Trump.
Restablecidas las restricciones vigentes durante la etapa Biden
Con esta sentencia, vuelven a aplicarse las normas que estuvieron vigentes durante la presidencia de Joe Biden. Dichas directrices limitaban los arrestos en las cortes de inmigración únicamente a situaciones excepcionales relacionadas con amenazas para la seguridad pública o la seguridad nacional.
Además, el fallo también restringe la posibilidad de mantener retenidos a inmigrantes durante largos periodos en instalaciones de procesamiento migratorio, reduciendo el margen de actuación que el ICE había ampliado en los últimos meses.
El miedo a acudir a los tribunales, en el centro del debate
Uno de los argumentos que más peso ha tenido en la decisión judicial es el efecto disuasorio que estas detenciones provocaban entre los inmigrantes. Diversas organizaciones denunciaron que muchas personas dejaban de acudir a sus citas judiciales por temor a ser arrestadas al salir de la sala, lo que podía perjudicar gravemente sus procesos migratorios.
El juez consideró que los tribunales deben ser espacios donde se garantice el acceso a la justicia y no lugares que generen temor entre quienes buscan resolver su situación legal.
La Administración Trump carga contra el fallo
La respuesta del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) no se hizo esperar. Desde la Administración republicana se calificó la sentencia como un ejemplo de “activismo judicial”, asegurando que la decisión dificulta la aplicación de las políticas de control migratorio impulsadas por el Gobierno.
El fallo supone un nuevo obstáculo para la estrategia de deportaciones masivas defendida por Trump desde su regreso a la Casa Blanca y podría abrir la puerta a nuevas batallas legales sobre el alcance de las competencias federales en materia migratoria.
Una decisión con impacto nacional
La orden judicial tiene alcance en todo el país, por lo que afecta a todas las cortes de inmigración de Estados Unidos. La resolución se considera una de las decisiones más relevantes de los últimos meses en materia migratoria y representa una victoria para los colectivos que defienden los derechos de los solicitantes de asilo y de los inmigrantes en situación irregular.
