El músico rumano Creţu, se queda sin la indemnización de 14 millones que reclamaba por el derribo de la mansión ilegal construida en Ibiza
La construcción de villas de lujo construidas irregularmente en Ibiza, está lejos de desaparecer. La especulación urbanística desarrollada en la isla durante décadas trajo consigo también la oposición frontal de toda clase de movimientos ecologistas que abogan por la protección del territorio.
Uno de los casos más polémicos fue protagonizado por Michael Creţu, el famoso músico rumano, autor de composiciones de prestigio con el sello Enigma. Creţu quiso construir una mansión de lujo en la cima de la montaña de es Corrals d’en Guillem, en Santa Agnès (Sant Antoni de Portmany), pese a que la legislación lo prohibía, ya que se encontraba en una zona declarada como Área Natural de Especial Interés (ANEI).
La cima del monte fue declarada totalmente inedificable por la Ley de Espacios Naturales. Sin embargo, el 29 de abril de 1997, el Ajuntament de Sant Antoni autorizó la construcción de la casa de lujo, con una superficie máxima de 700 metros cuadrados. El alcalde del municipio era el popular Antoni Marí Tur, cargo que ocupó entre las legislaturas de 1987 y 2003.
La villa construida ilegalmente, tenía también un estudio de grabación musical, según documenta el periodista y escritor Joan Lluís Ferrer en Ibiza: la destrucción del paraíso (Balàfia Postals, 2015).
Los ecologistas, además, emprendieron una batalla en los juzgados ya que, pese a la ilegalidad, las excavadoras empezaron a arrasar la cima de la montaña en la que se proyectaba la mansión. “Quienes vieron por dentro la enorme casa la comparaban con los palacios de Sadam Hussein y describían riquezas de todo tipo”, detalla Ferrer. “En realidad, era una urbanización rodeada de murallas”, precisa.
Pese a que la autorización municipal para construir la mansión en un espacio protegido que no permitía la construcción, se situaba en 700 m², Creţu fue más allá, ya que la casa de lujo tenía 3.150 m². A pesar de ello, el Ajuntament de Sant Antoni otorgó el certificado final de obra en junio de 2000, pese a que la edificación no se ajustaba “escrupulosamente” a lo autorizado, señala Ferrer. Sin embargo, en dicha certificación se indicaba que la edificación se ajustaba a las licencias concedidas.
La Justicia se pronunció por primera vez en noviembre de 2001, cuando un juzgado de Palma declaró la “nulidad radical” de la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento, dando la razón al recurso presentado por el GEN-GOB. La magistrada Carmen Frígola Castillón ordenó la demolición de la mansión.
Intento de ‘amnistía’ urbanística del PP de Jaume Matas
Después de cuatro años del primer gobierno progresista en la Comunitat Autònoma (1999-2003), el popular Jaume Matas volvió a presidir el Govern, en su época más convulsa, salpicada por numerosos casos de corrupción que empezaron a azotar al archipiélago balear.
El Govern, mediante la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2004, incluyó un artículo que legalizaba automáticamente las casas que tenían las mismas características que la de Michael Cretu, por lo que fue conocida como ‘Amnistía Cretu’.
A diferencia de otras ocasiones, la legalización se intentaba conseguir a través de una ley de presupuestos, y no de una modificación de las leyes urbanísticas o de la propia LEN. Los tribunales, sin embargo, consideraron posteriormente que este artículo era ilegal, con lo cual quedó sin efecto.
Creţu condenado por un delito contra el territorio
La Audiencia Provincial de Palma condenó el 9 de diciembre de 2013 a seis meses de prisión a Michael Creţu por un delito contra la ordenación del territorio. La pena fue conmutada por una multa de 10.800 euros. El fallo condenó al famoso músico a abonar al Ajuntament de Sant Antoni las costas procesales en concepto de responsabilidad civil.
Denegada la indemnización que reclamaba Creţu
El Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears (TSJIB) ha rechazado recientemente que el Ajuntament de Sant Antoni tenga que indemnizar con 14 millones de euros a Creţu por la demolición de su vivienda de lujo, según avanzó Diario de Ibiza.
La misma información apunta a que la sentencia del Alto Tribunal balear confirma la anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 2 de Palma, que concluía que el promotor incurrió en “dolo” y “negligencia grave” en la tramitación de la licencia que le concedió el Consistorio en 1997, así como en las posteriores obras ilegales de ampliación ejecutadas.
