La precariedad laboral en el sector de la movilidad

La precariedad laboral en el sector de la movilidad

En Barcelona, después del acuerdo alcanzado entre Generalitat y el sector del taxi, quienes han salido a la calle han sido los conductores de VTC para denunciar que, si Uber y Cabify se marchan, perderán sus puestos de trabajo.

No les falta razón: aunque los taxistas siempre han señalado que su lucha es contra las multinacionales, los trabajadores de las VTC están en medio de esa lucha, y no parece que nadie les esté teniendo en cuenta.

Esto se debe a que el conflicto se ha planteado en términos de competitividad, de competencia, entre colectivos de trabajadores.

Las multinacionales como Uber y Cabify han «secuestrado» a sus trabajadores y los esgrimen como rehenes contra los taxistas.

Presionan a las administraciones argumentando que no se trata de las empresas, sino de sus trabajadores, como si la única solución fuera permitir la actividad de las multinacionales o enviar a estos al paro.

Esta falsa disyuntiva, como es lógico, enfrenta a los trabajadores de los VTC con los taxistas, incluso a pesar de que los últimos nunca han planteado el conflicto en estos términos.

Pero, al asumirse ese marco, por ser, aparentemente, el único viable, algunos taxistas han terminado aceptando que, efectivamente, trabajadores de VTC y multinacionales son un mismo enemigo.

El conflicto no debería plantearse en esos términos.

La legítima defensa de los derechos de los taxistas, la resistencia frente a la uberización, no debería suponer el abandono y pisoteo de otro colectivo de trabajadores, como son los conductores de VTC, que no tienen culpa ninguna.

Como el resto de trabajadores, se ven obligados a vender su fuerza de trabajo, lo único que tienen, para ganarse un salario que les permita vivir.

Las multinacionales como Uber o Cabify se aprovechan de esta situación, pero eso no convierte a sus trabajadores en cómplices.

Salvando algunas distancias, la situación que se está viviendo en este conflicto con los trabajadores de VTCs es similar a la que sufren los trabajadores inmigrantes: las multinacionales y grandes empresas se aprovechan de ellos, y todavía hay quienes intentan culpabilizarlos y hacerles responsables del daño que causan los capitalistas al utilizarlos.

Ni los inmigrantes ni los conductores de VTC son el enemigo: el enemigo son las multinacionales y los capitalistas interesados en promover la uberización del trabajo.

Llegados a este punto, la inactividad de las administraciones (cuando no su connivencia activa con las multinacionales) ha generado un problema mucho mayor:

Al permitir que estas multinacionales operaran abierta y extensivamente, saltándose la ley y las regulaciones, introduciéndose en un sector hasta entonces perfectamente regulado, han generado un nicho de trabajadores que están sufriendo el fuego cruzado del conflicto, y a los que no se puede abandonar a su suerte.

Uber y Cabify deben ser expulsadas del negocio y obligadas a cumplir con la regulación de la actividad que realmente realizan (las VTCs tienen sus propias condiciones, distintas de las del taxi), y su modelo de empleo debe ser rechazado, pero no se pueden dejar a miles de trabajadores abandonados por el camino.

Sin embargo, tampoco es concebible plantear un futuro en el que los trabajadores nos repartamos las migajas en empleos precarios de sectores improductivos.

España no puede ser una economía de repartidores de Glovo y conductores de Uber: no se trata de legislar y regularizar la precariedad, sino de combatirla y acabar con ella.

La solución para los trabajadores de VTC no es forzar aún más un mercado limitado, como es el del taxi: no se trata de buscar las mejores condiciones en las que Uber y Cabify puedan convivir con los taxistas, por la sencilla razón de que eso es imposible.

Lo que se ha producido en este sector es una OPA hostil por parte de unas multinacionales que presionan las condiciones de trabajo a la baja.

Amazon ha llevado a cabo una política empresarial parecida en el sector de la logística, convirtiéndose prácticamente en un monopolio, devaluando las condiciones laborales y arrebatando derechos a los trabajadores: si se liberalizara y permitiera la entrada de empresas como Uber o Cabify en el sector, el futuro de los taxistas bien podría parecerse al de los compañeros de Amazon.

El problema resulta aún más grave si tenemos en cuenta que las instituciones han sido cómplices de esa OPA hostil, haciendo la vista gorda, hasta que los taxistas se han plantado y han dicho basta.

Si terminan venciendo, miles de trabajadores de las VTC perderán su trabajo.

Pero eso no es culpa de los taxistas: es culpa de las instituciones, que han permitido la actividad parasitaria y devoradora de las multinacionales.

Y, por tanto, deben ser las instituciones las que ofrezcan una solución.

Para los trabajadores de VTCs como Uber o Cabify, para los repartidores de Glovo o Deliveroo, y para todos los parados y jóvenes que se ven obligados a aceptar todo tipo de trabajos precarios.

Esa solución debería basarse, en primer lugar, en la derogación de las reformas laborales que han creado el marco propicio para que la precariedad se extienda.

Y, en segundo lugar, en un plan de empleo nacional, basado en la creación de un sector productivo de propiedad pública, que permita ofrecer una alternativa a estos trabajadores, al tiempo que reorientar su fuerza de trabajo hacia actividades que generen riqueza para el país.

Todo lo que sea asumir la precariedad como una especie de resultado inevitable del progreso técnico, e inhibirse del conflicto social que realmente se está produciendo entorno a la uberización, será una irresponsabilidad por parte de las autoridades.

Inhibirse en este conflicto supone ponerse del lado de las multinacionales, del lado de la precariedad, y del lado del empobrecimiento del trabajo y de los trabajadores.

Las instituciones no pueden mirar para otro lado, ni adoptar una posición de equidistancia: no pueden valer lo mismo la libertad de hacerse millonario y el derecho a vivir dignamente.

Menos aún cuando la libertad hacerse millonario amenaza con su propia existencia el derecho a vivir dignamente.

Quien pretenda que ambos elementos convivan, ya sea en el sector del taxi o en cualquier otro, está eligiendo bando: se está poniendo del lado de los millonarios, y está enfrentándose a los trabajadores.

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