La Guardia Civil imputada por el espionaje ilegal a empresarios catalanes con Pegasus y Candiru
Por primera vez, la justicia española ha decidido imputar a miembros de la Guardia Civil por el espionaje ilegal de ciudadanos catalanes mediante los softwares Pegasus y Candiru. La jueza del Tribunal de Instrucción 2 de Barcelona, Júlia Tortosa, ha citado a dos exdirectores de la Guardia Civil: Félix Vicente Azón Vilas (2018–2020), actualmente magistrado del Tribunal Supremo, y María Gámez Gámez (2020–2023). Además, la exdirectora del CNI, Paz Esteban López, también ha sido imputada, sumándose a los fundadores y directivos de NSO Group Technologies Ltd, propietario de Pegasus, y de Saito Tech Ltd, responsable de Candiru.
A todos ellos se les acusa de descubrimiento y revelación de secretos informáticos, acceso no autorizado a datos personales y de actuar como un grupo criminal. Hasta el momento, la jueza aún no ha fijado la fecha de citación.
Los querellantes y su perfil profesional
Los cinco afectados –Joan Arús, Joan Matamala, Jordi Baylina, Pau Escrich y Xavier Vives– comparten un perfil común: son empresarios y desarrolladores de protocolos de código abierto para gobernanza descentralizada, votación digital anónima e identidad digital soberana, tecnologías que se utilizaron durante la votación del 1-O.
El espionaje fue descubierto por Citizen Lab en la investigación Catalan Gate, que documentó afectaciones a al menos 65 personas vinculadas al independentismo. Inicialmente, los querellantes presentaron la querella en la Audiencia Nacional, que la trasladó a los juzgados correspondientes en Barcelona, y finalmente fue admitida en septiembre pasado.
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Motivaciones del espionaje según Sentinel Alliance
Según Sentinel Alliance, el espionaje se centró en los querellantes por su actividad profesional. La querella indica que las autoridades españolas justificaron la vigilancia en base al desarrollo de herramientas de voto digital de código abierto, considerando que su uso potencial por terceros podía representar una amenaza a la seguridad nacional.
El caso de Elies Campo y su entorno familiar
Durante dos años, desde 2019, los dispositivos de los empresarios fueron atacados con Pegasus y Candiru, softwares de espionaje militar capaces de extraer chats, correos, contraseñas, archivos y activar remotamente micrófono y cámara. Citizen Lab documentó 78 ataques, incluyendo a familiares cercanos.
Entre ellos, Elies Campo, asesor en los proyectos tecnológicos de los querellantes y exmiembro de Telegram y WhatsApp, fue atacado con Candiru mediante un correo malicioso el 5 de diciembre de 2019. La querella detalla que agentes de la Guardia Civil lo esperaban en el aeropuerto de Barcelona, vigilando sus movimientos durante toda su estancia en Cataluña.
Además, los dispositivos de su madre, hermana y padre fueron infectados con Pegasus, aunque ninguno estaba implicado en ninguna investigación judicial, lo que constituye un grave exceso de vigilancia sin autorización judicial.
Reclamo de los empresarios espiados
Los querellantes, nunca imputados por ningún delito a pesar de investigaciones previas relacionadas con Tsunami Democrático, exigen conocer la verdad sobre la vigilancia sufrida y la responsabilidad de los implicados.
