La explotación laboral en el taxi
Explotación laboral es aquella situación que se produce, cuando un sujeto contratante somete a un sujeto contratado, a condiciones laborales no contempladas por la legislación vigente.
El caso más extremo se da en las plataformas digitales, donde ni siquiera existe contratación, encubierta bajo un régimen de falsos autónomos.
En el sector del taxi, en ocasiones se da esa situación de explotación laboral y hemos visto ejemplos durante los últimos años, con denuncias ante la magistratura de trabajo, especialmente casos defendidos por la sección sindical del taxi de CNT en el AMB y también casos defendidos por uno de los buffetes más expertos en legislación laboral, como es Colectivo Ronda.
La denuncia ante magistratura de trabajo, es la herramienta mediante la cual un sujeto contratado puede denunciar la explotación, o incumplimiento laboral en cualquiera de sus formas. En la mayoría de situaciones, lo que se da en la relación laboral dentro del sector del taxi, es una relación de mutuo acuerdo, en cuanto a las condiciones y jornadas de trabajo.
En estos momentos en Madrid, estamos viendo una campaña de la asociación Plataforma Caracol mediante la cual están intentando engañar al sector del taxi, creando una mala imagen del mismo ante la opinión pública, y sobre todo ejerciendo la presión del miedo sobre los asalariados, que justamente en este momento atraviesan gravísimos problemas al igual que los autónomos.
No olvidemos que muchos de ellos aún se encuentran en situación de ERTE, y que otros muchos han sido despedidos, y que todos ellos han sufrido grandes retrasos en la percepción de ayudas, llevándolos a una situación donde han necesitado incluso asistencia social, para dar de comer a sus familias.
Una campaña que comenzó a partir de una disputa con insultos y amenazas entre compañeros de la misma asociación, que continuó con acusaciones a los asalariados de estar robándoles y metiéndoles la mano en la cartera, y que hoy día, parece una campaña de desprestigio al sector del taxi diseñada por el propio sector VTC.
Están utilizando, las graves condenas a floteros y autónomos arrendadores de licencias que sucedieron en Gran Canaria, para hacer creer al sector del taxi y opinión pública, que existen similitudes con la campaña en la que ellos están inmersos en relación a las jornadas de trabajo, cuando realmente no tiene absolutamente nada que ver una situación con la otra.
En el caso de Gran Canarias se dieron dos situaciones diferentes muy graves ambas, hasta el punto de incurrir en importantes delitos penales.
Por un lado el caso de floteros, que durante años estuvieron sin declarar sus ingresos a la hacienda pública, cometiendo fraudes de varios millones de euros. Para ello fue importante el conocimiento de la relación laboral entres esos floteros y sus contratados, puesto que a partir de la cantidad fija que cada asalariado les entregaba diariamente y el número de contratados que tenían, se pudo contabilizar el total del fraude a lo largo de los años, ya que estas cantidades fijas así como las jornadas de trabajo figuraban en los contratos, aspecto este último irrelevante en la causa, los contratos y las jornadas no fueron el problema, pero la declaración de las cantidades si definitivas para calcular globalmente el fraude.
Por otro lado se dió el caso de los arrendadores de licencias, en este caso se trataba de autónomos titulares de licencia, que por su cuenta y riesgo, sin constituirse en empresa de gestión integral del taxi, gestionaban cada uno de ellos un gran número de licencias, que pertenecían a ex taxistas ya jubilados, que no la habían vendido.
La acusación contra estos autónomos arrendadores, se base en una actuación ilegal, que los lleva a comportarse como si fuesen una empresa de gestión integral, de actuar como si fuesen a su vez una empresa de contratación temporal con los asalariados, y de defraudar los ingresos de esta estructura considerada criminal por la justicia.
En esta causa existen muchas imputaciones en diferente grado, puesto que los no taxistas que cedían sus licencias a estos autónomos arrendadores, también están imputados. No fueron imputados, aquellos otros arrendadores, que basaban su estructura en empresas de gestión integral, que como es bien sabido, es la forma habitual mediante la cual los arrendadores de licencias burlan la ley.
Detrás de estas causas en Gran Canaria está el trabajo de la policía nacional, que durante mucho tiempo, estuvo persiguiendo incluso con escuchas. Estas actuaciones, consideradas por la justicia como propias de organizaciones criminales, mediante las cuales cometieron diferentes delitos, sobre todo estaban burlando sus obligaciones fiscales de varios millones de euros.
Queda claro, que en ningún caso son causas que «salpiquen» a los trabajadores asalariados que trabajaban para ellos, ni que tengan nada que ver con las jornadas laborales, como están queriendo difundir desde Plataforma Caracol, en una campaña muy ruidosa pero sin ningún tipo de recorrido jurídico.
La línea que lleva tiempo siguiendo esta asociación, con continuos ataques de su presidente a otras asociaciones, y con esta campaña de desprestigio público al sector del taxi y de división con los asalariados del mismo, parece más propia de una asociación de VTC’s que de una asociación del Taxi.
La explotación laboral en el taxi
