El juez impone una fianza de 52.000 euros al ultra que protestaba frente a la casa de Montero e Iglesias
- El juez impone orden de alejamiento a Frontera, el acosador de Iglesias y su familia
- Pablo Iglesias se querella por seis delitos contra el instigador Miguel Frontera
- Vuelve el acoso a Irene Montero y Pablo Iglesias en su casa de Galapagar
El titular del Juzgado de Instrucción Número 1 de Collado Villalba, Javier Carreño, ha acordado enviar a juicio a Miguel Ángel Frontera, acusado de protestar frente al domicilio del exvicepresidente segundo del Gobierno Pablo Iglesias y la ministra de Igualdad, Irene Montero. Además, de forma adicional el magistrado le ha impuesto una fianza de 52.266,67 euros.
En un auto con fecha 23 de septiembre, el juez ratifica además las medidas de alejamiento y de prohibición de comunicación interpuestas contra Frontera en 2020 y ordena el embargo de sus bienes en caso de no abonar la fianza en el plazo de un día.
La Fiscalía pide tres años de cárcel para Frontera por dos delitos continuados de injurias graves con publicidad a la autoridad, un delito de acoso y un delito de revelación de secretos. Adicionalmente, el fiscal propone la prohibición de aproximarse a ambos en una distancia inferior a 500 metros y la prohibición de comunicarse con ellos por cualquier medio.
Por su parte, Iglesias y Montero solicitan un año y seis meses de prisión por un delito de coacciones continuadas, un delito de injurias graves contra las instituciones del Estado y un delito de descubrimiento y revelación de secretos.
En julio de 2020, la pareja presentó una querella contra Frontera por delitos de acoso, coacción, descubrimiento y revelación de secretos, desobediencia a la autoridad, alteración del orden público y contra los recursos naturales y el medio ambiente.
Ahora piden una pena de prisión para el hombre por estar a diario, desde el 15 de mayo de 2020 hasta el 12 de diciembre, frente al domicilio de Galapagar, hostigando y profiriendo términos injuriosos como ‘garrapata’, ‘chepas’ o términos de índole similar.
En un escrito de 14 de septiembre, Iglesias y Montero solicitaron también una multa de 9.000 euros por los delitos de coacciones continuadas e injurias graves contra las instituciones del Estado. La pareja requirió, a su vez, que se abriera pieza separada de responsabilidad civil para que Frontera prestase fianza de 20.000 euros para asegurar las responsabilidades pecuniarias que, en definitiva, puedan declararse procedentes y, subsidiariamente se reclamen al Estado.
La defensa justificó su petición por la grave perturbación que han sufrido de forma injustificada y antisocial ambos dirigentes, siendo ajeno a la legítima protesta y encuadrándose en una actividad de hostigamiento y acoso en su residencia.
El juez impone una fianza de 52.000 euros al ultra que protestaba frente a la casa de Montero e Iglesias
