El juez impone orden de alejamiento a Frontera, el acosador de Iglesias y su familia
En el auto emitido por el titular del Juzgado de Instrucción número 1 de Collado Villalba, se establecen como medidas cautelares una orden de alejamiento contra Miguel Ángel Frontera Díaz, así como la prohibición de comunicación por hallarse, según aprecia el juez, indicios de varios delitos.
“Los actos investigados no estarían amparados por el derecho de reunión o manifestación ni por la libertad de expresión”, indica el documento.
El ultraderechista Miguel Ángel Frontera fue detenido por la policía tras subirse a la valla del domicilio de Iglesias y Montero para grabar su interior.
Después de llevar a cabo numerosas actuaciones de acoso, Frontera publicaba en sus redes sociales vídeos de sus actos. También se encargó de instalar un generador eléctrico de 800 kilovatios para poner a todo volumen el himno de la Legión con ánimo de molestar a la familia.
Frontera, que ha declarado esta mañana, tan solo ha respondido al juez y a su abogada (la letrada Polonia Castellanos, dirigente de la asociación ultra «Abogados Católicos»), pero ha reconocido que grabó al vicepresidente en el interior de la vivienda.
Además, ha admitido que acude reiteradamente con pancartas al domicilio en el que viven 3 menores, lo que, según su testimonio, no le ha disuadido en ningún caso.
Acoso continuado
El escrito de acusación explica que la conducta de Frontera Díaz se lleva sucediendo a diario al menos desde el pasado 15 de mayo, hostigando y profiriendo improperios como llamarle ‘garrapata’ o términos de índole similar, todo lo cual le produce una grave alteración de su vida cotidiana y de la de su familia.
La querella hace una descripción de forma pormenorizada de una serie de actuaciones por parte del querellado, entre ellas encaramarse al muro de la propiedad para grabar un vídeo del interior con su teléfono móvil. Por este hecho fue detenido por la Guardia Civil presentes en la zona acusado de un delito de revelación de secretos.
Entre otros supuestos delitos, se encuentran varias actuaciones que alteran el orden público, con marcado carácter de gamberrismo, intromisión y de lesión a los derechos de la familia de Pablo Iglesias y del resto de sus vecinos, que no pueden ser confundidas con el legítimo derecho de reunión, manifestación y expresión consagrados en nuestra Constitución, explica el escrito, que opina que la conducta de Frontera no es una protesta política, sino una animadversión personal y de odio al vicepresidente y a su familia.
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