El fiscal del Estado ordena amnistiar a Puigdemont y Junqueras por malversación

El fiscal general del estado es partidario de amnistiar todos los delitos atribuidos a los líderes del Procés y ordena directamente a los fiscales del Supremo que así lo ejecuten.

Álvaro García Ortiz manda a Fidel Cadena, Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal y Jaime Moreno que contesten a Pablo Llarena y Manuel Marchena que todos los delitos vinculados al referéndum del 1 de octubre “están comprendidos” en el perímetro de la amnistía y que, por lo tanto, todos los líderes del Procés tienen que ser amnistiados.

Eso incluye todos los que están procesados o condenados por malversación: Carles Puigdemont, Oriol Junqueras, Toni Comín, Lluís Puig, Jordi Turull, Raül Romeva y Dolors Bassa. Por su parte, en cambio, los cuatro fiscales del Procés rechazan incluir la malversación porque consideran que el 1-O supuso un “enriquecimiento personal indudable” y atacó los intereses financieros de la Unión Europea, dos excepciones previstas en la ley de amnistía.

Contrariamente a esta tesis, el fiscal general, que siempre tiene la última palabra, sostiene que los fiscales “confunden” el ánimo de lucro que exige el delito de malversación con el “enriquecimiento personal de carácter patrimonial” de los hechos que la amnistía considera que no se pueden amnistiar. “El perjuicio patrimonial para la administración, resultado del delito de malversación, no es equiparable al enriquecimiento personal de carácter patrimonial”, argumenta. Y añade que los hechos “no produjeron una afectación directa” a los intereses financieros de la UE.

Además, en el escrito al que ha tenido acceso este medio, Álvaro García Ortiz también dispara contra los cuatro fiscales del Supremo: “Utilizan de forma profusa argumentos que desbordan el plano estrictamente jurídico, que comprometen la necesaria imagen de neutralidad e imparcialidad del Ministerio Fiscal y que resultan de todo punto improcedentes”.

Los pasos a partir de ahora

A partir de aquí, los cuatro fiscales tendrán que contestar por escrito si acatan el orden del fiscal general o si, como se da por hecho, mantienen su negativa e invocan el artículo 27 del Estatuto del Ministerio Fiscal. En este segundo caso, pues, se tendrá que celebrar la Junta de Fiscales de Sala, que se reunirá el próximo martes 18 de junio. Allí se debatirán los dos informes y García Ortiz, después de escuchar todas las posiciones, manifestará su criterio definitivo, que “podrá coincidir o no con la opinión mayoritaria”.

La Junta de Fiscales de Sala está presidida por el fiscal general y está integrada por la teniente fiscal del Tribunal Supremo, María de los Ángeles Sánchez Conde, y los fiscales de sala. La fiscal jefe de la secretaría técnica, Ana García León, actúa como secretaria. En total, son 38 fiscales. La reunión se prevé larga, ya que todos los asistentes, empezando por el último que fue nombrado y acabando por el más antiguo, tendrán que exponer su argumento jurídico.