España marca el mes de cierre a medida que crecen las advertencias de recesión
Miles de empleados, principalmente del gremio de la construcción, la industria y otras actividades que no permiten el tele trabajo, regresaron a trabajar el lunes después de que el gobierno levantó provisionalmente un período de suspensión económica de dos semanas, diseñado para frenar el impacto abrumador de la pandemia COVID-19.
Se arrojó algo de luz sobre los posibles efectos colaterales financieros de mantener a la mayoría de los 47 millones de personas del país confinadas desde el 14 de marzo hasta el 26 de abril, al menos cuando el FMI predijo que la economía española se contraería en un 8% este año.
En su informe semestral de Perspectivas de la economía mundial publicado ayer martes, el FMI también pronosticó que el número de desempleados en España alcanzaría el 20,8%.
Además, advirtió que la economía mundial podría ver una recesión global este año similar a la Gran Depresión y «mucho peor que durante la crisis financiera 2008-09».
El informe dice que la economía de España se recuperará y crecerá un 4% en 2021 si la pandemia se calma para el segundo semestre de este año.
El gobierno de Pedro Sánchez es muy consciente de la inminente tarea de guiar al país fuera de la recesión económica esperada como resultado de las estrictas medidas de confinamiento.
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Tras haber instado firmemente a la Unión Europea a ayudar a compartir la carga de la deuda acumulada por los esfuerzos para hacer frente a la crisis, Sánchez se centró en sellar un pacto nacional con otros líderes del partido.
La portavoz del gobierno, María Jesús Montero, dijo que era demasiado pronto para evaluar el impacto económico definitivo que tendrá la pandemia de coronavirus.
«Estas son cifras preliminares», dijo sobre el informe del FMI en la rueda de prensa diaria. «Tenemos que esperar unas semanas más».
«En este momento, la prioridad sigue siendo salvar vidas y minimizar el daño a nuestras capacidades de producción», agregó.
Montero anunció una iniciativa gubernamental para permitir que las pequeñas y medianas empresas y los autónomos que ganan menos de 600.000 euros al año retrasen el pago del IVA. La medida afectaría a aproximadamente 3,4 millones de contribuyentes.
Montero agregó que, 940.000 personas recurrieron a las medidas del gobierno para ayudar a los despedidos por los ERTEs.
El mes de marzo se perdieron alrededor de 900.000 empleos debido al coronavirus.
Salvador Illa, el ministro de Sanidad, dijo ayer martes que la curva de nuevas infecciones se estaba aplanando, pero que el país debería mantener las medidas de confinamiento.
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